«Vengo a hablar de una estafa generalizada y no de un problema social. Hipotecarse no ha sido una opción libre e informada. Y la están pagando los más vulnerables». Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Catalunya, llevó ayer ante los diputados del Congreso español un alegato contra los desahucios, la voracidad de la banca y las complicidades políticas. Lo hizo ante una comisión de Economía poco acostumbrada a un discurso contundente. Calificó de «criminal» a Javier Rodríguez, representante de la banca que había hablado minutos antes que ella para defender la ley hipotecaria e instó a los grupos a avalar su propuesta de mínimos antes de que las plataformas incrementen su presión. La cuenta atrás ha comenzado, ya que el PSOE ha retirado uno de sus puntos para el próximo martes, permitiendo que se vote la admisión a trámite de una propuesta que llega con la adhesión de más de un millón de firmas. El PP, visiblemente molesto ante la intervención de Colau, ya había fijado posición horas antes. Su portavoz, Alfonso Alonso, aseguró que no permitirán que se discuta la propuesta.

Los 45 minutos de discurso de Colau se convirtieron en una emocionada radiografía sobre el drama de las ejecuciones hipotecarias. Echó en cara a las dos principales formaciones españolas, PP y PSOE, su bloqueo a las soluciones planteadas por las plataformas y la poca efectividad de sus cambios normativas; denunció los abusos y la letra pequeña de las entidades bancarias, así como las consecuencias para quienes pierden su casa y acarrean «una deuda de por vida». Finalmente, rebatió a quienes afirman que la dación en pago acarreraría consecuencias para la ciudadanía.

«No es verdad que la dación en pago hundiría el sistema. El sistema se ha hundido solo y lo hemos rescatado los ciudadanos», recordó Colau, quien recordó que la condonación de deuda ya existe. «Las inmobiliarias y las constructoras no pagan, algunos partidos tienen su deuda condonada, las entidades financieras también son morosas», recordó. Instantes después exhibió unos sobres («con propuestas, no ilícitos»), en referencia a los casos de corrupción del PP. «Los grandes delitos prescriben muy rápido, las deudas a perpetuidad son las de las familias», sentenció.

«Derechos no negociables»

Ahora, la pelota está en el tejado de los grupos. El PSOE ha cedido su turno del martes para que se vote la admisión a trámite de la ILP de la PAH. Pese al apoyo obtenido de grupos como Amaiur o IU, todo depende del PP, que podría imponer el veto por mayoría absoluta. Su portavoz, Alfonso Alonso, ya avisó de que su grupo no comparte su «visión» y apela a un decreto que apenas ha logrado 8 daciones en pago y poner en circulación 6.000 viviendas de alquiler social.

El veto del PP impediría que la norma llegue a debatirse. Esto implicaría un «incremento de la presión social» ya que aa PAH avisó de que señalaría a aquellos diputados que no avalen su propuesta de mínimos. Ayer, tanto PP como PNV se quejaron del tono de la portavoz de la plataforma. Esta respondió: «vayan a las entidades financieras y verán qué son amenazas», recordando que «los derechos humanos no son negociables».