Los contratos suscritos por los anteriores responsables del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) con las entidades bancarias que financiaron el programa de gestión de residuos generaron unas pérdidas patrimoniales de 5,7 millones de euros desde el mismo momento de la firma.

Según se recoge en un informe redactado por el equipo jurídico contratado por los actuales responsables de GHK al que ha tenido acceso este diario, en los primeros meses de 2011 el entonces diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK, Carlos Ormazabal (PNV), y el director del Consorcio, Joxi Etxezarreta, aprobaron estos compromisos sin informar al Consejo de Administración.

En el documento se refleja que el 3 de febrero de 2011 «la Asamblea del Consorcio, sin que exista informe jurídico ni de la intervención del Consorcio, aprobó los contratos de financiación pero no ningún contrato de permuta financiera».

La Asamblea precisó además que, de producirse modificaciones «sustanciales», deberían ser sometidas a «una nueva aprobación de la Asamblea General en el plazo de un mes».

Ese mismo día, el Consejo de Administración de GHK otorgó al presidente Ormazabal y al director Etxezarreta poderes «para la realización de actuaciones relacionadas con la operación de financiación».

Es decir, se autorizó a ambos a firmar en nombre de GHK «cualquier contrato, incluyendo derivados financieros, sin límite de cuantía», pero con la obligación de informar y someterlo a la decisión de la Asamblea si se producían cambios de calado. «Esto nunca se produce, nunca se da cuenta de modificaciones», sentencia el informe.

Seis días después, el 9 de febrero de 2011, Ormazabal y Etxezarreta firmaban un documento «denominado Ficha de Cobertura, en el cual se establecen normas para la contabilización del producto financiero derivado».

Dicho producto era un swap, una especie de «seguro» que en teoría garantizaba que las fluctuaciones del Euribor no afectasen a los intereses que se pagasen por los préstamos.

El viernes pasado, el actual presidente de GHK, Juan Carlos Alduntzin, ya denunció que este swap obligaba a abonar unos 300.000 euros mensuales a Banesto y La Caixa.

Aunque se cancelen los créditos

Lo que no trascendió es que ya desde el momento de la firma se generó una comisión, técnicamente denominada «minusvalía», de 5.769.580,60 euros. Es decir, esa cantidad estaba comprometida aunque los créditos se cancelasen al día siguiente de la firma. En el informe que obra en poder de GARA se asevera que Ormazabal dio instrucciones expresas de contabilizar el producto con valor nulo, ocultando la minusvalía generada.

Los sawp se contrataron modificando las condiciones avaladas por el Consejo de Administración, ya que en vez de abonar intereses en función del capital gastado -hasta la fecha se han utilizado 9,7 millones en la explanación de los terrenos de Zubieta-, se firmaron «unas condiciones radicalmente peores» en base a «un calendario hipotético de inversiones a 20 años vista por el que se pagan intereses se cumpla o no se cumpla. Este producto contratado supone un sobrecosto estimado de 50 millones, se haga o no se haga la incineradora», reza el informe.

El 11 de febrero de 2011 tanto La Caixa como Banesto ya habían otorgado sus «confirmaciones» y se procedía al siguiente paso, la firma ante un notario de las escrituras «correspondientes al primer tramo de la permuta financiera».

«No se da nunca cuenta de la suscripción de estas confirmaciones y escrituras públicas» ni en la Asamblea ni en el Consejo de Administración de GHK. Este último organismo tratará el tema de la permuta financiera -el swap- en su reunión del 5 de mayo, casi tres meses más tarde, pero «sin que se comunique las características y condiciones. No se facilitó a los miembros del Consejo copia de las confirmaciones ya suscritas en febrero ni de las correspondientes al segundo tramo, que iban a suscribirse en muy pocos días».

Es el 12 de mayo de 2011, diez días antes de las elecciones forales, cuando Ormazabal y Etxezarreta firman ese segundo tramo y cinco días más tarde cumplimentan las escrituras ante el mismo notario, con despacho en el centro de Donostia.

Tampoco en este caso se dio cuenta, ni al Consejo ni a la Asamblea de GHK, de la suscripción de estos contratos de cobertura y de sus condiciones. Al menos no se ha hallado documentación ni consta en actas.