La diputada vizcaina de Acción Social compareció ayer en comisión en Juntas Generales para dar explicaciones del papel que ha jugado la institución foral en el conflicto entre los antiguos residentes de Reina de la Paz y BBK, tal y como le había instado la Cámara. Pilar Ardanza defendió la intermediación efectuada entre Ohianka -la asociación de afectados- y la Obra Social de la Caja, que derivó la gestión hacia una empresa privada, Vitalitas.

Tras nueve reuniones, Ohinaka y Vitalitas cerraron el lunes un acuerdo sobre las características del contrato, en el que queda recogido el derecho de esas personas mayores a tener una habitación de uso individual, salvaguardando su intimidad.

La asociación ha efectuado un llamamiento a quienes rechazaban la fórmula de las habitaciones compartidas a que ahora, si lo desean, soliciten su retorno al nuevo Centro BBK Sarriko.

Ardanza defendió la «implicación» de la Diputación en la búsqueda de un acuerdo, aclarando que la instituación «no tiene capacidad de garantizar las condiciones de un contrato privado». Sí confirmó que su Departamento va a analizar ese último contrato.

Juan Otermin (PSE) manifestó que la Diputación había cumplido el expediente después de la «papeleta» que había dejado BBK al subrogar a la iniciativa privada la gestión del centro. Tampoco faltó la referencia al peso que tiene la institución foral en la Asamblea General de la Caja, que no ha ejercido, mientras Amaia Agirresarobe (Bildu) dudó del esfuerzo de Acción Social a la hora de obligar a la entidad a cumplir con lo pactado.

Ardanza informó de que hasta ayer 112 personas habían ingresado en la residencia de Ibarrekolanda y se aventura que lleguen a 140 o 150; supone el 50% de los que la abandonaron hace cuatro años por las obras.

Plazas libres en residencias

Donde no hubo consenso fue respecto a sí hay o no plazas concertadas libres en las residencias públicas para personas mayores de Bizkaia. A pesar de que Pilar Ardanza afirmó que «no existen», la juntera soberanista Irune Soto lo desmintió, indicando que tienen datos de ello en pueblos como Gernika, Santurtzi, Mungia o Zornotza.

La diputada informó que de las 5.168 plazas que ofertaron 108 centros a Acción Social se han concertado 2.553, habiendo al final del año 289 personas en lista de espera a falta de asignación. De ellas, 32 recibieron la plaza en un plazo inferior a dos semanas por ser dependientes de grado III, y otras 202 optaron por seguir en su residencia.