El Gobierno alemán aprobó ayer un proyecto de ley de regulación de las entidades financieras que contempla condenas de hasta cinco años de cárcel para quienes aprueben inversiones de riesgo que acaben en fiasco.

La nueva ley, que deberá ser aprobada por el Parlamento germano, establece que los altos ejecutivos bancarios y de compañías aseguradoras podrán ser demandados por la vía penal si llevan a sus empresas a una situación crítica por incumplir sus obligaciones en la gestión de productos de alto riesgo.

También establece la obligación de separar la banca de inversión de la comercial en las grandes entidades, para impedir que los clientes particulares puedan sufrir pérdidas por las operaciones de riesgo de la entidad.