El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) reclamará a las entidades bancarias Banesto y La Caixa que el contrato de cobertura (swap) suscrito por los anteriores responsables de este organismo se adecúe al dinero del crédito empleado y no amortizado.

El anterior presidente de GHK, Carlos Ormazabal, y el director general, Joxi Etxezarreta, acordaron con ambas entidades abonar intereses en función de un teórico calendario de inversiones en infraestructuras, entre ellas la incineradora.

Según los actuales rectores del Consorcio, ese calendario contemplaba para las fechas actuales un gasto de casi 100 millones, con un pago mensual de 300.000 euros, cuando en realidad se ha utilizado poco más del 10% de esa cantidad, los 9,7 millones de euros que ha costado la explanación de los terrenos de Zubieta.

El presidente de GHK, Juan Carlos Alduntzin, ya anunció la pasada semana que el Consejo de Administración decidió el pasado 29 de noviembre no autorizar el abono de esos intereses, al considerar que es «un despropósito» y «una sangría inadmisible».

La Asamblea de GHK ratificó ayer las decisiones del Consejo de Administración para reclamar a Banesto y La Caixa que «se reconduzca la situación creada por la compra de esos productos especulativos». Si las conversaciones para alcanzar un acuerdo no fructifican, GHK acudirá a los tribunales.

En la reunión se estudió el informe jurídico del que ya se dio cumplida cuenta en estas páginas el pasado jueves. En dicho documento se concluye que Ormazabal y Etxezarreta no informaron al Consejo de Administración de las características del swap, que ya generó en el momento de su firma unas «minusvalías» económicas de 5,7 millones de euros.

De mantenerse las actuales condiciones, los intereses acumulados a lo largo de los veintiún años de vida del crédito ascenderían hasta unos 50 millones de euros «se haga o no se haga la incineradora. No podemos seguir así», sentenció Alduntzin.

Insistió en que, en su opinión, «el único objetivo» de todas estas operaciones era «consolidar la instalación de una incineradora tóxica que nadie quiere en la puerta de su casa».

Posibles demandas

El actual presidente tuvo palabras muy duras para su antecesor Ormazabal y para el ex director general Etxezarreta, a quienes acusó de haber actuado de una manera «totalmente incorrecta, éticamente despreciable y políticamente rechazable, empleando irresponsablemente el dinero público en beneficio de los bancos».

Preguntado por posibles denuncias ante los tribunales contra los dos ex responsables políticos, Alduntzin apuntó que es una posibilidad que se está analizando.

En cuanto al crédito en sí, los contratos financieros suscritos con estas dos entidades -68 millones- y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -195 millones-, explicó que GHK «tiene clara su posición de no gastar tanto dinero» y que «está negociando todo» tanto con estos bancos como con las empresas adjudicatarias de la construcción de la incineradora.

Ante una posible cancelación de ese contrato crediticio y cuestionado por las indemnizaciones que ello acarrearía, Alduntzin negó ese extremo. «Los contratos financieros, como cualquiera de nosotros cuando firma un contrato, tienen una cláusula de cancelación. Punto. Pero son cláusulas normales, no hay indemnización. El problema es el contrato especulativo», explicó.

En la Asamblea también se abordó la modificación de los estatutos, después de que una sentencia judicial así lo ordenase. En ese marco ubicó «la dificultad de que Txingudi se incorpore al Consorcio. Deberemos seguir trabajando, porque para nosotros está claro que Txingudi está en Gipuzkoa. Pero hoy por hoy no tenemos más remedio que cumplir con la orden judicial. Txingudi no está en el Consorcio, pero no desde que entramos nosotros, sino desde que lo ordenó un juez. Y anteriormente no iba a las reuniones por seguridad jurídica».

La réplica del PNV

El PNV emitió una nota en la que replicó que «el problema lo ha creado esta Diputación, gobernada por Bildu y dirigida por la Izquierda Abertzale, que actúa con alevosía y premeditación incumpliendo claramente la normativa vigente, azuzando el miedo y el conflicto».

Para la formación jeltzale, la institución foral «se está convirtiendo en un serio quebranto para Gipuzkoa, generando desconfianza en empresas y entidades financieras, rompiendo las reglas democráticas e imponiendo sus decisiones, manipulando la realidad con la mentira y la propaganda sistemática y acarreando pérdidas económicas a la ciudadanía».

En el texto se acusa a «la Izquierda Abertzale», de estar «malgastando el dinero de todos los ciudadanos de Gipuzkoa, 300.000 euros mensuales, porque está incumpliendo la norma foral vigente y el desarrollo del plan integral de residuos y construcción de la incineradora y otras plantas de pretratamiento».

El PNV denunció que «la Izquierda Abertzale es básicamente incapaz de afrontar los problemas del territorio: por su incapacidad absoluta en la gestión pero sobre todo porque sólo busca el conflicto, la confrontación personal y hacer daño a través de la descalificación y la mentira».

«La Izquierda Abertzale sabe desde el minuto cero que el préstamo del BEI y de la banca comercial -Caixa y Banesto- se firmó para hacer frente a las infraestructuras contempladas en la norma foral de gestión de residuos, con un calendario de actuaciones muy concreto», y que «a fecha de hoy deberían estar iniciadas/finalizadas infraestructuras por valor de 98 millones de euros», añadió.

En una línea similar, Ramón Gómez, portavoz del PP en Donostia e integrante de la Asamblea de GHK, calificó de «irresponsabilidad» una posible demanda a los bancos y aseguró que «Bildu nos ha metido la mano en el bolsillo a todos los guipuzcoanos».

Gómez alertó que una posible sentencia en contra «puede acarrear un coste elevadísimo», que «habría que sumarlo a los intereses que se están pagando por un préstamo del que no se dispone y a las indemnizaciones que se deberán pagar a las empresas constructoras».