En la mañana de ayer, un cordobés de 36 años, parado y padre de una niña de ocho años se arrojó al vacío cuando cuando recibió la notificación de Hacienda y Patrimonio sobre una deuda que creía saldada tras un acuerdo al que las entidades financieras le forzaron para pagar con su vivienda su crédito. Un terrible drama que no es el primero en el Estado español -en este país es reciente el de la eibartarra Amaia Egaña-, exponente de una realidad cruda, implacable, pero no fruto del azar, no consecuencia de una catástrofe natural, sino de la codicia humana y de las leyes elaboradas expresamente para protegerla. Unas leyes que ayer mismo la mayoría del Parlamento navarro pedía cambiar, al tiempo que aprobaban la propuesta de medidas que eviten los desahucios, esos dramas diarios que a veces tienen consecuencias como la de ayer, y mostraban su apoyo a los desahuciados. UPN y PP argumentaban que ellos no pueden hacer nada, y dejaban la solución pendiente de la voluntad del Gobierno español, una voluntad sencillamente inexistente. Por eso mismo es más necesario que nunca el apoyo a los desahuciados no solo en los parlamentos, sino también en la calle.