El 7 de febrero, tan solo un día después de que anunciara que disputará a Yolanda Barcina la presidencia del Gobierno, Alberto Catalán pasó la tarde reunido con líderes del PSN. Entre otras cosas, trataron sobre las posibilidades que abrirá el Congreso de UPN si Barcina pierde y deja de liderar el partido. Ni el Reglamento del Parlamento ni el Amejoramiento recogen esta hipótesis de que quien dirige el Gobierno navarro sea repudiado por su propio partido, pero obviamente Barcina en ese caso no estaría políticamente tocada, sino hundida. En consecuencia, Nafarroa quedaría a las puertas de un escenario nuevo, que estará condicionado por las alianzas que unos y otros puedan tejer y los caminos que ofrecen las normas que rigen el juego político de Nafarroa.

Con ese horizonte, un importante sector de UPN que apoya a Catalán está explorando ya la opción de cambiar a la actual presidenta por su rival y quiere hacerlo sin pasar por unas elecciones, puesto que serían un riesgo innecesario dadas las heridas que va a provocar la batalla interna en UPN y la pujanza que se intuye en las fuerzas abertzales. Su plan necesita contar con el apoyo de Barcina, puesto que ella es la que marca los tiempos y es la que tiene la potestad de disolver las Cortes y llamar a las urnas, o bien su contraria, es decir, aguantar contra viento y marea. De momento, está dispuesta a presentar pelea en el Congreso y ha empeñado su palabra en ello. Y, aunque no es favorita, le quedan opciones. En el Congreso de UPN votan todos los militantes y es difícil saber cómo piensan todos ellos. Barcina está pasando por sus peores momentos, pero es una líder y tiene su tirón, además del aparato interno que haya logrado ir conformando en estos cuatro años últimos.

Lo que buscan sus rivales internos es que dimita sin más, sin convocar elecciones. La renuncia de la presidenta no conllevaría unas elecciones automáticamente. La respuesta la encontramos en el artículo 34.2 del Amejoramiento, donde se trata de la cuestión de confianza. Una cuestión de confianza es una potestad que tiene un presidente para preguntar a los parlamentarios si revalidan su gestión, y se trata de una votación vinculante. En el caso de que no saliera adelante, se aplica la siguiente norma: «Si el Parlamento niega su confianza al Presidente de la Comunidad Foral, este presentará inmediatamente su dimisión, procediéndose a continuación a la elección de un nuevo presidente».

Bastaría con la abstención del PSN

Este proceso de elección está recogido en el punto 29 del Amejoramiento, que no arranca con las elecciones, sino con la presentación de candidatos. El problema es que, a partir la dimisión, Nafarroa ya no tendría presidente y nadie podría disolver las Cortes. Tendrían que buscar un nuevo jefe de Gobierno entre los que están ya en el Parlamento. Catalán, como presidente de la Cámara, propondría a un candidato (o se designaría a sí mismo) y se celebraría una votación. En primera ronda necesita mayoría absoluta, que a día de hoy solo es factible con los votos unidos de UPN y PSN. En segunda votación, le bastaría con mayoría simple. Es decir, podría ser investido con el apoyo del PP y la abstención del PSN.

Si el candidato favorito tampoco fuera capaz de sacar adelante una mayoría simple, habría que buscar un segundo candidato. Si este tampoco tuviera la suficiente fuerza, se probaría con un tercero, etcétera. Este bucle puede durar tres meses como máximo. Pasado ese plazo «el Parlamento quedará disuelto, convocándose de inmediato nuevas elecciones». Este escenario resulta irreal a día de hoy, pero sirve de amenaza, porque arrojaría Nafarroa a tres meses de desgobierno que nadie desea y sobre los que nadie tendría control, porque la figura del presidente, que es la única que puede convocar elecciones, estaría desactivada.

Por surrealista que parezca la situación, esto es lo que prevén tanto el Amejoramiento como el propio Reglamento parlamentario. Si por contra Barcina pierde en UPN pero decide aguantan en el Gobierno, la situación se prolongaría quién sabe si dos años más, hasta la primavera de 2015. Sería una travesía contra viento y marea, porque a su minoría parlamentaria actual se le sumaría la derrota en su propio partido, con el añadido de la gravedad de la crisis en Nafarroa y quien sabe si de una actuación judicial en su contra en caso de que la investigación de Caja Navarra vaya avanzando.

Resumiendo la situación, siempre sobre el escenario de una derrota en el Congreso de UPN, si Barcina convoca elecciones, hablarán las urnas. Ahora bien, si lo que ocurre es que dimite se abren dos opciones: o el PSN echa un cable al propio Catalán para que sustituya a la presidenta, bien él mismo o bien a través de otra persona de su confianza, o Nafarroa vivirá tres meses de paripé en busca de candidato y, después, se tendrán que convocarse las elecciones.

A Catalán y quienes le apoyan la dimisión sin elecciones es la jugada que más les gusta. Sencilla, limpia y sin sobresaltos. Y, para el PSN, puede suponer la gran oportunidad de ser el pescador en el río revuelto. El escenario de tres meses sin presidente justificaría un discurso de «responsabilidad institucional», estaría arropado por potentes medios de comunicación y, probablemente, también por Ferraz, que prefiere tener a Nafarroa en calma. Además, Jiménez y los suyos aplazarían su temido encontronazo con las urnas y volverían a la «oposición leal» en la que tan cómodos se encuentran. Obviamente, resultaría demasiado pronto para volver a un Gobierno, pero con paciencia y ganas todo es posible.

El único que podrían cortar las negociaciones de Jiménez con el aparato de UPN es el Comité Regional del PSN. El próximo día 16 de reúne este organismo y los críticos van a poner en un brete a la Ejecutiva, a la que exigirán que abra las puertas a una comisión de investigación sobre Caja Navarra. El Comité podría arrancar a Jiménez el compromiso de que no dejará que Catalán se haga con el Gobierno sin pasar por las urnas, pero al tener lugar antes del Congreso de UPN, probablemente el tema esté demasiado verde como para que decidan forzar este compromiso de Jiménez. Lo más realista es que esperen a ver qué ocurre en la cita del Baluarte.

El pundonor de Barcina

El principal muro que tienen los conspiradores es la propia Barcina. Ella y nadie más tiene la llave. En las negociaciones entre ella y Catalán, Barcina puso sobre la mesa que, de no alcanzarse una lista única al Congreso, convocaría nuevas elecciones. Fue una amenaza en clave interna que saltó a la opinión pública a través de GARA y luego fue corroborada por «Diario de Navarra». El carácter de Barcina puede ser una garantía de que cumplirá. A fin de cuentas, quienes están tramando que Catalán le sustituya pretenden quitársela de encima y usarla como chivo expiatorio de todos los casos de corrupción que ahora salpican a UPN. Catalán ya ha hecho una alusión a la necesidad de «honestidad» que ha escocido mucho a la presidenta. En esta lógica, si Barcina deja el Gobierno y acaba siendo procesada en el «caso Caja Navarra» no solo caerá sobre ella la sombra de la corrupción, sino que Catalán saldría reforzado como el hombre que echó del Gobierno a una presidenta cuya «honestidad» ya se ha preocupado él de cuestionar públicamente.

Pero Yolanda Barcina sigue siendo la presidenta del partido y, sobre todo, del Gobierno, aunque Alberto Catalán ya comience a decirle qué es lo que debe o no debe hacer, como ocurrió el viernes, cuando le envió un mensaje pidiendo que no convoque elecciones y que no dimita. Las presiones que está recibiendo Barcina son fuertes y van acompañadas de traiciones y deserciones. La última, la del secretario general del partido, Carlos García Adanero, ha sido la más sonada. En principio, Adanero se había colocado en la equidistancia. Sin embargo, el pacto que Barcina se negó a firmar -y que acabó por desatar la guerra abierta en el partido- llevaba la rúbrica de García Adanero, Catalán y Amelia Salanueva.