El 10 de febrero de 2012 se aprobó la reforma laboral, que, según el Ejecutivo del PP, ha sido «la más profunda y ambiciosa que se ha acometido» en el Estado español.

Pese a ello, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2012 el paro aumentó en 671.700 personas en el Estado, hasta rozar los seis millones de desempleados y se destruyeron 850.500 puestos de trabajo. En Hego Euskal Herria, 2012 elevó en 25.000 la cifra de parados.

Entre las medidas más controvertidas de la reforma están la reducción de la indemnización por despido improcedente en los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores.

También que el despido objetivo -que permite a las empresas echar por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado- podrá aplicarse cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

La reforma dota a las empresas de mayor flexibilidad para que, supuestamente y ante situaciones de crisis, no recurran al despido y que sea la última opción. Sin embargo, los últimos datos (de noviembre de 2012) reflejan que los expedientes de regulación de empleo comunicados en el Estado habían aumentado un 66,25% frente al mismo periodo de 2011 (hasta 29.958) y afectaron a 406.810 trabajadores, el 45,8% más.

La mayoría de los ERE fueron pactados (27.239) y, de ellos, 12.784 fueron de suspensión temporal y 10.534 de reducción de jornada, en comparación con los 3.921 de extinción, que se mantuvieron en niveles parecidos a los de 2011.

Gobierno y empresarios

A pesar del desolador panorama laboral y económico, el Gobierno español mantiene que si la reforma se hubiera acometido en 2011, un año antes, se hubiera destruido la mitad de empleo, algo en lo que coincide las patronales CEOE, Confebask y CEN. El Ejecutivo de Mariano Rajoy valora que en enero de 2013 se hayan firmado 1.101.819 contratos (un 5,72% interanual más) y que de ellos, 100.609 fueran indefinidos, lo que supone un aumento de 22.245 (28,39%) respecto al mismo mes de 2011.

En este sentido, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cree que la reforma introduce elementos de flexibilidad que antes no existían, aunque precisa que todavía no hay suficientes elementos objetivos para juzgarla, porque suelen funcionar cuando la situación económica es normal. Desde Hego Euskal Herria, tanto Adegi como la CEN, integrantes ambas de la CEOE, hacen una valoración positiva de la aplicación de la reforma y defienden que sus «bondades» se verán a medio plazo.

Rechazo social y sindical

Hego Euskal Euskal Herria ha sido el lugar en el que el rechazo social a la reforma laboral ha sido más fuerte. De hecho, dos huelgas generales, el 29 de marzo y el 26 de setiembre, impulsadas por la mayoría sindical, lograron paralizar el país.

En esta línea, LAB considera que la reforma laboral es «nefasta» para los trabajadores , entre otros aspectos, porque da «continuidad a la progresiva degradacion» de las condiciones laborales «impuestas en reformas anteriores». En el mismo sentido, ELA la califica como «una sangría de los derechos laborales y colectivos» e insiste en que ha «abaratado los despidos y rebajado los salarios».

Por su parte, Euskal Herria Bildu valora que la reforma laboral está suponiendo «una profunda desestructuración del mercado de trabajo que tiende a recortar y abolir muchos de los derechos y conquistas sociales alcanzadas en los últimos 50 años». Asimismo, opina que «una vez más, se demuestra que es la clase empresarial quien dicta las políticas económicas y de empleo del Estado español y, por lo tanto, la total sumisión del Gobierno del Partido Popular ante el sector privado».

Tan contundentes como las a anteriores son las opiniones de CCOO y UGT o el PSOE, aunque su respuesta en la calle ha sido mucho más tibia.