Dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) «anulan y dejan sin efecto la autorización del Gobierno de Lakua al vertedero de Iurreta, con retroacción de las actuaciones al 16 de julio de 2007», tras admitir las denuncias de una vecina afectada y de la Cofradía de Goiuria, que agrupa a los residentes en este enclave perteneciente al término municipal de Iurreta.

El caso ha llegado al tribunal asturiano, porque en el pleito media una decisión administrativa que afecta al río Saldai, afluente del Ibaizabal, que en su recorrido incurre en terreno de Castilla-León y por tanto compete a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con sede en Asturias.

El juzgado asturiano, según explicó a GARA el letrado que impulsa el procedimiento, ha admitido uno de los motivos planteados por los afectados, al entender que el hecho de que no se tramitase «ninguno de los dos incidentes de recusación interpuestos contra dos funcionarios, vulnera la legislación vigente».

La lucha de los vecinos de Goiuria contra la apertura del vertedero de Iurreta comenzó hace ocho años. En todo este tiempo, la Cofradía de Goiuria, una entidad vecinal de arraigada tradición en el lugar, en la que los vecinos (baserritarras en muchos casos) gestionan bienes comunales y actúan en defensa de los intereses generales, ha recurrido en innumerables ocasiones a distintas instituciones ante los pasos dados en la tramitación de un expediente que consideran plagado de irregularidades en lo que a la afección al medio respecta y en el que resaltan que ni Ayuntamiento, ni Diputación, ni Gobierno de Lakua han atendido sus inquietudes hasta la fecha.

El fallo del TSJA tiene que ver con los incidentes de recusación interpuestos por los afectados, una particular y la Cofradía, contra dos funcionarios de la Agencia Vasca del Agua URA (dependiente del Gobierno de Lakua), uno de ellos con responsabilidad en la Gestión de Dominio Público Hidráulico, porque no se tramitaron.

«En su día se recusó a dichos funcionarios, pero el Gobierno vasco no lo tramitó. Hubo una resolución que autorizaba la actividad, la recurrimos, primero contra la propia Administración que nos desestimó por silencio administrativo y contra esa desestimación global recurrimos al TSJ Asturias que nos ha dado la razón en uno de los 23 motivos que interpusimos», explicó el letrado.

El tribunal asturiano considera que estas recusaciones debieron tramitarse obligatoriamente. En la extensa documen- tación presentada por los afectados en el tribunal asturiano, la iniciativa vecinal denunció, entre otras cuestiones, que se «pidió, acordó y autorizó, fuera de procedimiento al efecto, la construcción de la escollera en el relleno que se estaba realizando sin licencia, tapando un arroyo, sin paralizar el vertido que se efectuaba y sin que iniciara el correspondiente expediente sancionador ni investigara sobre tales hechos».

Las recusaciones contra técnicos se sustentaron actuaciones de técnicos de la Administración, por «haberse reunido con los interesados para tratar sobre la idoneidad del emplazamiento (del vertedero) cuando los vertidos ya se estaban realizando».

La parte dispositiva del fallo aclara que la sentencia es firme y está comunicada a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico solicitándole que indique el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia.