Al atender a un ex-compañero en la siderurgia, con 57 años de edad y afectado por un carcinoma broncogénico, viene a mi memoria la exposición habitual a fibras de amianto décadas atrás.

Iniciadas las gestiones para el reconocimiento como enfermedad profesional y las prestaciones económicas correspondientes, me despiertan las alertas que motivan mi llamamiento a los trabajadores que estuvieron expuestos a la fibra cancerígena, para que acudan a CCOO o Asviamie para tramitar su inclusión en el Plan de Vigilancia Sanitaria postocupacional del amianto que desarrolla el Gobierno Vasco, pues mañana puede ser tarde.

P. G. trabajó desde 1971 como mecánico de mantenimiento en Pedro Orbegozo-Acenor de Hernani, hasta que fue despedido el año 84, en aplicación de la salvaje reestructuración y «caza de rojos». La empresa ignoró y silenció la legislación protectora frente al amianto, vigente desde 1940. Ocultó el riesgo cancerígeno e incluso la legislación que prohibía a menores de edad manipular amianto. Sidenor, empresa sucesora del grupo siderúrgico, ignoró los requerimientos de la Inspección de Trabajo, del personal que estuvo expuesto para su inclusión en el Plan de Vigilancia Sanitaria.

Miles y miles de trabajadores y trabajadoras manipularon amianto en los años 60, 70, 80, incluso los 90, con mayor o menor exposición a la fibra cancerígena.

Tal como nos muestra la historia de las víctimas, pequeñas exposiciones al amianto pueden ser suficientes para generar la fatal enfermedad décadas más tarde, y la única medida preventiva es la detección precoz de la enfermedad, mediante la vigilancia sanitaria específica.

El amianto se utilizó ampliamente; su presencia en acerías, fundiciones, fabricación de maquinaria, industria naval, del papel, química, construcción... siendo mecánicos, soldadores, cale- factores, fontaneros, electricistas, caldereros o quienes reparaban la red de aguas municipales las profesiones de especial riesgo.

La gran mayoría de las empresas, además de incumplir la precaria legislación proteccionista, eludieron notificar al registro del RERA el nombre de los trabajadores expuestos, imposibilitando así la vigilancia sanitaria específica, y con la permisibilidad de la dictadura franquista, gobiernos de la transición y la gran mayoría de los técnicos de los gabinetes de Seguridad e Higiene, mutuas y la Inspección de Trabajo, que influenciados por la filosofía del «Control Total de Pérdidas» reducían la acción protectora de la Seguridad e Higiene a los accidentes de trabajo, por el daño a la imagen y los costes productivos que generaban, mientras que las mutuas se encargaban de externalizar el coste de las enfermedades profesionales a la sanidad pública, camufladas de comunes.

Por ello, además de llegar la hora de exigir responsabilidades al Estado, por la catástrofe sanitaria producida por el amianto, parece que es condición para avanzar la creación del fondo de compensación a las víctimas.

En los últimos años, gracias a las denuncias de las víctimas en Asviamie y la actividad de CCOO Euskadi, hemos logrado aumentar y doblar el registro, recogiendo a más de 6.045 trabajadores vascos «probablemente expuestos al amianto», cifra que requiere multiplicar por cinco para lograr la prevención precoz del cáncer y evitar que oculten su origen, ante la indiscutible epidemia de cáncer por amianto, como anuncian todos los expertos, incluso para aproximarnos a las cifras de cáncer profesional reconocidos en el entorno europeo.

No podemos esperar. Las empresas, ayuntamientos e instituciones preventivas, incluso el Departamento de Sanidad y Osaki- detza, no muestran voluntad por visualizar la enfermedad o muerte por el amianto, dadas sus consecuencias económicas, incluso políticas, por permitir el uso sin control de una sustancia cancerígena tan peligrosa.

La vigilancia sanitaria específica, con el Protocolo del amianto, es la única medida de prevención para quien inhaló la fibra cancerígena, posibilitando así la detección precoz de la enfermedad, mejorando su tratamiento y esperanza de vida. La inclusión en el Plan de Vigilancia Sanitaria facilita el reconocimiento profesional de las enfermedades, mejorando las prestaciones econó- micas y el derecho a indemnizaciones por daños y recargos por las infracciones preventivas.

No podemos olvidar que la mayoría de los afectados pueden ser jubilados o a punto de serlo, con empresas y procesos productivos en muchos casos ya desaparecidos, siendo necesario contar con algunos testigos.

Los pequeños obstáculos no pueden convertirse en la excusa para no incorporarte al Plan de Vigilancia Sanitaria, acude y consulta con quienes han demostrado su eficacia en esta batalla. Mañana puede ser tarde, hay mucho en juego. Anímate, reacciona, no te quedes parado.