El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, propietario del grupo hostelero Arturo Cantoblanco, negó ayer que haya pagado a sus trabajadores en dinero negro, tal y como denunció la cadena SER.

Insistió en que «no es verdad» y en que «no se puede consentir» que se diga que su grupo paga «generalizadamente en B», a raíz de la información difundida sobre este supuesto fraude.

Reconoció, no obstante, que el «entramado» hostelero «es muy complicado», que las nóminas de hostelería son «muy complicadas» y que puede haber habido «irregularidades a lo largo de los años». Puso como ejemplo el caso de un señor al que «se le ha podido dar 100 euros porque hizo horas extras en la ciudad deportiva de Valdebebas».

Explicó que actualmente Arturo Cantoblanco da empleo a 2.000 trabajadores y que «si algo está o estaba incorrecto» tenían que haberlo denunciado a los delegados de CCOO y UGT «y no hay nada de nada».

Los sindicatos dudan

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, consideraron «insostenible» la situación de Fernández, de demostrarse que paga en dinero negro parte del sueldo de sus empleados.

Negaron que las direcciones de sus sindicatos estuviesen al corriente de los hechos antes de su publicación, y consideraron que no se trata de una actuación propia de una persona con responsabilidades públicas.

«Su situación no es muy sostenible», señaló Toxo, y se mostró preocupado por que los presuntos pagos sean un síntoma de la expansión de la economía negra y del temor de los empleados a notificar este tipo de irregularidades por miedo a perder el empleo.

No obstante, otras facciones de las dos centrales sindicales discrepan respecto a la información publicada sobre Fernández. Por un lado, el sindicato UGT de Madrid afirmó no tener ninguna denuncia referente a los supuestos pagos en negro del grupo Cantoblanco que dirige el vicepresidente de la CEOE.

Entretanto, CCOO de Madrid aseguró tener constancia de esta práctica «en algunos centros y con algunos trabajadores» hasta 2010, cuando la situación «se fuera normalizando».