En la sentencia que condenó a cadena perpetua al exjefe del III Cuerpo del Ejército argentino Luciano Benjamín Menéndez, al vicomodoro Luis Fernando Estrella y al excomisario de La Rioja Domingo Benito Vera por la muerte el 18 de julio de 1976 de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville -cuyos fundamentos se dieron a conocer el viernes pasado- el Tribunal Oral Federal de La Rioja establecieron la «indiferencia» pero también la connivencia de la jerarquía eclesiástica con la Junta Militar de Rafael Videla y el aparato represivo.

Ambos sacerdotes fueron detenidos en la casa parroquial de la iglesia El Salvador por un grupo de hombres que se identificaron como policías federales. Fueron introducidos en un Ford Falcon y se presupone que ahí mismos fueron interrogados e, inmediatamente, ejecutados. Sus cuerpos aparecieron dos días después con vendas en los ojos y señales de tortura. Quince días después, murió en un falso accidente el obispo Enrique Angelelli, significado por su lucha en defensa de los derechos humanos.

«No se trató de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares. Por el contrario, claramente, el asesinato de Murias y Longueville debe interpretarse y comprenderse en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos», sostiene la sentencia de 417 páginas, que recoge las correspondencias que Angelelli mantuvo con la cúpula de la Iglesia argentina a cuenta de la represión.

El tribunal resaltó «la indiferencia, cuando no complicidad» de la Iglesia y critica «la actitud reticente de autoridades eclesiales e, incluso del clero, al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos (...) Los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad espera de una institución como la Iglesia católica una actitud más nítida y claro repudio» hacia la dictadura.