El colectivo de oficiales de control y conserjería del Ayuntamiento de Gasteiz ha convocado una huelga indefinida que comenzará el próximo lunes, día 18, en protesta por el nuevo plan de atención a la ciudadanía del Consistorio. Los empleados advirtieron que el paro puede suponer el cierre de todos los centros cívicos y polideportivos, y de algunos otros edificios.

El comité del Ayuntamiento explicó, a través de un comunicado, que el motivo que ha llevado a adoptar esta medida es la «absoluta intransigencia» y el «continuo uso de la imposición» que el equipo de Gobierno municipal, del PP, «viene utilizando en su obsesión por implantar el nuevo plan de atención a la ciudadanía».

En este sentido, los empleados recordaron que, desde la presentación de este plan, el PP encontró la «oposición» del comité y de los colectivos afectados, además del rechazo de las trabajadoras de la empresa subcontratada que desempeñan la labor de dicha atención ciudadana. Las empleadas de este servicio, conocido como 010, realizaron una huelga de 67 días.

El comité planteaba dos premisas para negociar el plan: que no hubiera destrucción de empleo y que se retirara la «amenaza» a los trabajadores interinos «en la que se les advertía de que, de no salir adelante el plan, se irían a la calle».

«Trampas» del gobierno

Los trabajadores acusaron al gobierno municipal de haber hecho «trampas», ya que «sabía que el personal interino no podría rechazar el plan al haberles imbuido la idea del despido». Asimismo, han denunciado que, «cuando ha querido y le ha interesado, ha cambiado los requisitos de su propio plan».

Según informó el comité, el PP ha «impuesto» calendarios que «empeoran» las condiciones laborales del personal, una movilidad obligatoria para todas las personas que componen los colectivos citados y la existencia de dos puestos diferentes, con distintos sueldos, en la misma categoría.

A su vez, criticó que a las trabajadoras que tienen atención ciudadana «se les exigen funciones de administrativos», así como que «no se garantiza» la información ciudadana en todos los centros y que «han tenido que examinarse para sacar unas certificaciones que son de dudosa legalidad».

El comité afirmó que no desea paralizar la actividad municipal y que sea la ciudadanía la que pague las consecuencias, pero esgrimió su «derecho a defenderse ante tanto atropello y la continua imposición».