La vista por el desahucio de Olaberria estaba fijada para las 9:45 de ayer en los Juzgados de Tolosa. A esa hora, medio centenar de miembros de la plataforma Stop Desahucios de Goierri se daban cita a las puertas de la sede judicial para mostrar su apoyo a Javier Berasategi, propietario del caserío Aranguren Txiki de Olaberria, sobre el que pendía la amenaza de la subasta después de haber tenido dificultades para hacer frente al crédito que había solicitado a un prestamista particular para acometer diversas obras de reforma.

En el transcurso de la vista, sin embargo, el juez acordó conceder dos meses de plazo para que las partes lleguen a un acuerdo antes de ejecutar las órdenes de desahucio y subasta.

Tras conocer esta decisión, los concentrados mostraron su alegría coreando gritos como «Lortu dugu», mientras abrazaban a Javier Berasategi, que no pudo contener la emoción.

Tasado en solo 30.000 euros

Según explicó Igone Aldaregia, miembro de la plataforma, la demanda de subasta proviene del prestamista particular José María Zabalo, que concedió tres préstamos a Javier Berasategi. Uno de ellos, de 15.000 euros, es el que ha llegado ahora al Juzgado, después de que el vecino de Olaberria tuviese dificultades para devolverlo. Como el crédito tenía una garantía hipotecaria, el prestamista solicitó en el juzgado que se procediese a la subasta para recuperar el capital.

A pesar de la limitada cuantía de la deuda, el prestamista podría quedarse con todo el inmueble, ya que, según explicó Aldaregia, el caserío fue tasado en solo 30.000 euros, pese a su «incalculable valor», ya que se trata de un edificio catalogado como histórico.

La abogada Ana Uranga denunció precisamente la «injusticia» que supone el hecho de que una familia pueda perder su vivienda por un crédito de esa cuantía. En el caserío Aranguren Txiki residen, además de Javier Berasategi, sus dos hermanos mayores, ambos octogenarios.

Uranga añadió que en el periodo que se abre ahora trabajarán para tratar de frenar esta injusticia y que estas tres personas puedan seguir viviendo en su casa. Denunció asimismo los «desproporcionados» intereses de demora del préstamo, que ascienden al 29%, y anunció que estudian la posibilidad de remitir un escrito a la fiscalía para que investigue los hechos, ya que sospechan que puede existir un delito de estafa, toda vez que el caserío ha sido tasado en solo 30.000 euros.