La desigualdad y la pobreza se están extendiendo como una mancha de aceite en Euskal Herria, golpeando con diferente intensidad a amplios sectores de la población. Tras de sí está dejando una estela inaceptable de sufrimiento personal y social. Todos los días nos encontramos con datos que reflejan esta situación: el desempleo crece sin freno, el aumento del número de personas y hogares con dificultades para llegar a fin de mes, la ausencia de bienestar real, la imposibilidad para miles de personas de hacer frente a necesidades básicas como la alimentación, la vivienda...

No podemos resignarnos a la simple constatación de lo que está ocurriendo. Tampoco podemos aceptar el papel que juegan administraciones y grupos empresariales que, poniéndose de perfil, renuncian a su responsabilidad y aprovechan la capacidad solidaria de organizaciones sociales y población para mitigar las consecuencias de sus actuaciones y decisiones.

Tenemos que ir más allá de los datos cuantitativos. Cuando hablamos de pobreza y exclusión, nos estamos refiriendo a una realidad estructural que los poderes financieros y sus aliados políticos promueven para conformar un modelo social profundamente desigual e insolidario. En estos momentos, la desposesión progresiva de la mayoría social (menos salarios, menos prestaciones, menos servicios, menos pensiones y menos derechos) se ha convertido en el principal instrumento de los poderes económi- cos dominantes para asegurar su bienestar y su posición privilegiada. Por eso desde LAB denunciamos que detrás de la pobreza existen políticas de empobrecimiento. Políticas que hay que identificar, desenmascarar y transformar y que tienen que ver con los ataques al empleo, al sistema de protección y los derechos sociales.

Las políticas de empleo actuales son un foco de pobreza. ¿Qué modelo de país y de salida a la crisis se puede defender con la reforma laboral en la mano, como lo hacen Confebask y la CEN? El despido fácil, el deterioro absoluto del mundo laboral, la práctica desaparición del contrato indefinido, el aumento de la temporalidad, los contratos de trabajo parcial, la disminución del salario, la unilateralidad en las relaciones laborales... solo traen miseria. Hace tiempo que el empleo ya no es garantía de seguridad y bienestar para miles de trabajadores y trabajadoras. Aún menos con propuestas de salarios basuras para la juventud por el simple hecho de ser jóvenes. Quienes pretendan mantener las políticas de empleo actuales, al servicio de un modelo empresarial voraz, estarán promoviendo el empobrecimiento de la población.

De igual modo, el sistema de protección cada vez protege menos y peor. La tasa de desempleo supera el 15% en Euskal Herria, y se está cebando principalmente con la juventud, las mujeres, las personas migrantes y quienes tienen mayor edad. Casi el 50% de las personas desempleadas no recibe ninguna prestación. Madrid ha endurecido las condiciones y recortado las cuantías de las prestaciones contributivas y de los subsidios. Al mismo tiempo, se ha producido un fuerte deterioro de las Rentas Básicas de Ingresos Mínimos. Lo han hecho UPN, PSE y PSN. Y el PNV nada ha hecho para mitigarlas. El resultado: 75.000 unidades familiares están recibiendo esta prestación, que en muchos casos no permite superar la pobreza real, y que al mismo tiempo, deja a miles de personas (el 30%) sin protección. Es preciso revisar el actual sistema de garantías de ingresos, en las cuantías (el SMI ya no vale), en su carácter incondicional derivado de la falta de ingresos, y en el acceso a las prestaciones.

Las carencias del sistema de protección afectan a las pensiones. 360.000 pensionistas cobran por debajo de los 700 euros mensuales y el 75% de las pensiones está por debajo de los mil euros. Se está imponiendo la pérdida de poder adquisitivo. Nos quieren llevar a un sistema de pensiones públicas asistenciales y con bajas cuantías, con un empuje hacia las pensiones privadas complementarias para quien pueda contratarlas. Quienes acuerdan y nos imponen el Pacto de Toledo, quienes nada hacen por conseguir un Sistema propio de Seguridad Social y quienes adoptan decisiones para reducir las rentas básicas y de garantías de ingresos son agentes responsables directos de que las personas estén desprovistas de la necesaria protección para asegurar las necesidades básicas.

Otro factor de empobrecimiento lo encontramos en las medidas de desaparición de derechos sociales y de desmantelamiento de los servicios públicos. Se está negando la posibilidad de contar con unas condiciones de vida digna a sectores amplios. En salud, personas migrantes sin asistencia, repagos de prestaciones y medicamentos que castigan especialmente a quienes menos tienen y más necesidades presentan. Otro tanto puede decirse de la atención a la dependencia y su lista de recortes: reducción de cuantías de las ayu- das económicas, aumento del copago, desatención de las personas con dependencia moderada, desmantelamiento de servicios como ayuda a domicilio o del derecho a la vivienda, donde todos los días 7 familias están siendo desahuciadas y expulsadas de sus domicilios. Quienes hablan de la necesidad de seguir recortando el gasto público, de prescindir de servicios y trabajadores públicos, a la vez que colaboran con la banca especulativa, están provocando pobreza, exclusión y retroceso en las condiciones de vida y salud.

Por todo ello constatamos que la actitud sumisa de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, los intereses egoístas de la minoría empresarial y el marco jurídico que se nos impone desde el Estado español son obstáculos para la superación de la actual situación de precarización masiva, con sus dolorosas consecuencias. Es una necesidad de supervivencia como pueblo y clase avanzar en la consecución de un espacio socioeconómico vasco, con capacidad para tener y decidir un marco propio de relaciones laborales y un sistema de protección social, capaz de garantizar en Euskal Herria a todas las personas los medios suficientes para una vida digna, autónoma y de calidad.

Junto a ello, urge la aprobación de medidas que neutralicen las consecuencias más acuciantes y graves que cuestionan la posibilidad de vivir con dignidad, así como la adopción de medidas que a medio plazo vayan marcando un cambio de tendencia de las políticas actuales que provocan el aumento de la brecha de la desigualdad. Por ello, exigimos de manera urgente la adopción de las siguientes medidas:

Una, no aplicación de las medidas de recortes que se nos imponen desde Madrid. De no hacerlo, nos empujarán a quienes vivimos en Euskal Herria a un auténtico precipicio social. Dos, una política fiscal que trate por igual a rentas y patrimonios, y que luche contra el fraude fiscal y una política presupuestaria que priorice, blinde y aumente el gasto bruto en servicios públicos prioritarios. De no hacerlo, destruirán el sistema público de servicios, protección y de derechos sociales, abriendo profundas heridas sociales. Tres, revisar el sistema de garantía de ingresos a falta de empleo o ingresos suficientes. Hay que derogar los recortes realizados, hay que aumentar el tope de ingresos para acreditar su carencia, hay que incrementar su cuantía de manera inmediata y por último hay que habilitar medios humanos y técnicos para ofrecer un servicio de gestión pública, ágil y digno con las personas. De no hacerlo, el sistema de protección será incapaz de hacer desaparecer las situaciones de pobreza real. Cuatro, políticas de empleo de cali- dad, en un marco que supere la reforma laboral, así como de inversión y empleo público en actividades de mejora de la calidad de vida. De no hacerlo, condenaremos a los trabajadores a la precariedad y a la miseria salarial, para mayor gloria de la avaricia empresarial. Cinco, garantizar el derecho a la vivienda. De no hacerlo, seguirán siendo los bancos quienes monopolicen este derecho para su provecho.

Frente a la pobreza hay que ir más allá. Las instituciones, los Gobiernos de Gasteiz y de Iruñea tienen que asumir estas medidas urgentes y la necesidad de cambiar de actitud frente a las imposiciones políticas, económicas y sociales de Madrid. Este es el compromiso que deben adoptar con la mayoría social de nuestro pueblo. Es necesaria la movilización social e institucional para adoptar medidas de solidaridad social, en las que combinar las que permitan paliar las consecuencias más dolorosas de la pobreza, con las que deben marcar el rumbo de la superación del marco jurídico y político al servicio del proyecto neoliberal. El movimiento social y sindical de Euskal Herria tenemos un reto importante en los próximos meses. Tenemos que obligarles a adoptar estos compromisos. Frente al empobrecimiento, alternativa social y soberanía.