La reforma local diseñada por el Gobierno del PP para el Estado español reducirá el número de concejales remunerados en los municipios de Hego Euskal Herria. Este nuevo tijeretazo tendrá una mayor incidencia en las cuatro capitales, ya que la Ley de Bases de Régimen Local dejará sin sueldo a un tercio de los ediles presentes en los plenos.

Así, en el Ayuntamiento de Bilbo, formado por 30 concejales, la normativa estatal, que ayer fue aprobada con el Consejo de Ministros, suprimirá el salario de diez ediles. En Gasteiz, Donostia e Iruñea, cuyas corporaciones están integradas por 27 personas, la última medida de ajuste incidirá sobre la renta per cápita de nueve políticos.

Tal como informó la agencia Europa Press, el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo de esta medida es impulsar la participación «voluntaria» en política. Asimismo, detalló que, cuando entre en vigor la reforma de la ley, los ediles ya no tendrán dedicación exclusiva a la política, pero sí «estarán comprometidos con la gestión de sus ciudades y de sus pueblos».

El impacto de la reforma también repercutirá en otros municipios, como es el caso de Getxo o Irun, donde solo podrán recibir remuneración 15 de sus 25 concejales; Tutera, donde únicamente cobrarán once de los 21 ediles; o Laudio, donde podrán recibir un sueldo siete personas, las otras diez deberán trabajar por su municipio sin cobrar.

Sueldo de los alcaldes

Además, la reforma afectará al sueldo de algunos alcaldes. Por ejemplo, en Bilbo, única población mayor de 300.000 habitantes en Euskal Herria, el sueldo anual del primer edil, el jeltzale Iñaki Azkuna, no podrá superar los 90.000 euros. Una cifra similar a su sueldo actual.

En en el resto de capitales, los regidores podrán cobrar 80.000 euros como máximo. Una cantidad que ya perciben los alcaldes de Gasteiz y Donostia, Javier Maroto y Juan Karlos Izagirre. En el último escalón se ubicarán los dirigentes de las localidades de entre mil y dos habitantes, que ganarán 20.000 euros.

Para Amaiur, que acusó al Gobierno de Rajoy de «dilapidad las instituciones más cercanas a la ciudadanía», la reforma «da un nuevo paso hacia la privatización de los servicios públicos municipales y camina hacia la recentralización».

En opinión del portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, el PP ha faltado a la palabra dada, ya que aseguró que la nueva ley respetaría la «especificidad» de los herrialdes vascos.