El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia en Gernika debate hoy cuatro proposiciones no de norma sobre los desahucios y otra de EH Bildu sobre la imposición de un gravamen a las viviendas vacías.

A la primera iniciativa de EH Bildu se sumaron otras del PSE, del PNV y del PP. Los contenidos de las mismas marcan muchas diferencias entre ellas, y solo el PSE ha presentado enmiendas a la del PNV.

Irune Soto, portavoz de EH Bildu, firma la proposición no de norma que pide, sin excusas, que «se paralicen de forma indefinida» los desahucios y que haya un cambio legislativo que «garantice la defensa de los derechos de la ciudadanía». Además, reclama «la defensa del derecho a una vivienda» y que se denuncie «la actitud que ante este tienen los bancos y el Gobierno de España».

La formación soberanista, entre otras demandas, pide a Juntas Generales y Diputación de Bizkaia que «las relaciones institucional, económica y de colaboración con las entidades de crédito» se mida en función de la posición que mantienen con las ejecuciones hipotecarias. Y reclama soberanía política, «para no depender de decisiones neoliberales que nos son impuestas desde Madrid».

El PSE pide que las Juntas Generales de Bizkaia insten al Gobierno español «a decretar una verdadera moratoria de al menos dos años», que se modifique la legislación y, entre otros elementos, que «se amplíen las posibilidades de dación en pago, homologando nuestra legislación a la europea». También pide un límite a los intereses de demora y, entre otras, la creación de un fondo foral de emergencia, dotado con dos millones, para atender esa problemática.

También el PNV traslada la iniciativa ante el Gobierno español y la implantación «de una moratoria transitoria». El partido que sustenta el Gobierno foral exige, a la vez, que se tramite por la vía de urgencia la normativa que «ponga fin a la indefensión y desprotección de las personas afectadas por los desahucios».

El PP pide a Diputación, entre otras medidas, que ponga a disposición de los desahuciados «el parque de viviendas público para los afectados».