Las huelgas y protestas se extendieron ayer por Pakistán para reclamar a las autoridades medidas de protección de la minoría chií, que el sábado volvió a sufrir otra matanza en la que murieron más de 80 personas en Quetta, capital de Baluchistán.

Alrededor de 4.000 mujeres bloquearon una calle y se negaron a enterrar a las víctimas del atentado, en un gesto de gran simbolismo en el islam, para denunciar que el Gobierno no protege a los miembros de la rama chií de esa religión.

Las protestas se extendieron a otras localidades, como Karachi, Lahore, Rawalpindi e Islamabad gracias al llamamiento del Consejo de Ulemas Chiíes.

El atentado tenía como objetivo a los hazaras, miembros de una comunidad chií que poblaban el atiborrado mercado en el momento de la explosión de la bomba.

El ataque es obra de la organización miliciana Lashkar-e-Jhangvi, responsable de la muerte de 93 personas en un atentado similar el pasado 10 de enero. Quetta amaneció casi paralizada y en Karachi, megaciudad de 18 millones de habitantes, la actividad se ralentizó con el cierre de escuelas y comercios.

«Vamos a retomar las negociaciones con los líderes de la comunidad chií para convencerles de que entierren a sus muertos», indicó, Wazir Khan Nasir, jefe de la Policía de Quetta. Un portavoz del Partido Democrático Hazara, Qadir Alí, reclamó de las autoridades «operaciones policiales en zonas concretas de la ciudad en las que se sabe que están los autores de los atentados». Alí recordó que hoy vence el ultimátum de 48 horas dado ayer al Gobierno para que actúe de forma efectiva y que, de lo contrario, las protestas se dirigirán contra las oficinas del Tribunal Superior de Baluchistán.

Según Human Rights Watch, más de 400 chiíes murieron en ataques Pakistán en 2012, pero este año ya son casi 200 las víctimas mortales.