El Frente Polisario condenó las largas condenas de prisión impuestas a 24 civiles saharauis -con ocho penas de cadena perpetua para varios de ellos y penas superiores a los veinte años- por el desalojo en 2010 del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún. Para el Polisario, estas condenas son una provocación por parte del Gobierno marroquí, y anunció la movilización de la población saharaui.

El Frente Polisario considera que el juicio, desarrollado en el Tribunal Militar de Rabat, es ilegal y supone una nueva «violación del Estado marroquí desde la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, el 31 de octubre de 1975».

Los saharauis denuncian además que esta sentencia supone un revés para las iniciativas de paz desarrolladas bajo los auspicios de la ONU y que es una consecuencia directa de que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental no tenga un mecanismo de supervisión sobre derechos humanos.

Reacciones en Euskal Herria

Entre las reacciones que suscitó la sentencia, la izquierda abertzale denunció que el Gobierno marroquí «vuelve a mostrar su verdadero rostro fascista y criminal» al condenar «de por vida a ciudadanos que pacíficamente reclamaban el cumplimiento de la legalidad internacional, y lo hace mediante un procedimiento militar, sumario, sin ningún tipo de garantías, en el que ha quedado claro el brutal trato al que fueron sometidos los acusados».

Igualmente, una resolución de la Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa denunció que «el juicio político militar ha vulnerado la normativa internacional y se ha basado en declaraciones obtenidas bajo tortura».

La Asociación de Amigos de la RASD, el Ayuntamiento de Donostia y Gazte Abertzaleak coincidieron en condenar el juicio y mostrar su solidaridad con los saharauis.