La inminente presentación del proyecto de ejecución de la Línea de Alta Tensión entre Itsaso y Dicastillo por Red Eléctrica de España SA pone sobre la mesa el conflicto entre legalidad y legitimidad, entre voluntad popular e intereses privados, así como la ausencia de instrumentos en el actual sistema político para que prevalezca la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.

Este proyecto de autopista eléctrica entre Nafarroa y Gipuzkoa es deudor de uno anterior que, partiendo del mismo punto, surcaba Araba, y que fue desechado según BOE del 12 de noviembre de 2010 por su «afección al medio ambiente y la oposición social al proyecto». Un gran éxito de la movilización popular y de la reivindicación del derecho al territorio por los pueblos pequeños. Pues bien, los mismos motivos que provocaron la oposición social y el abandono del primer proyecto se mantienen al menos con la misma intensidad, cuando no mayor, respecto del que ahora se pretende imponer.

Al camino emprendido por 208 ayuntamientos y concejos que aprobaron mociones pidiendo la retirada definitiva del proyecto, se han sumado mediante la Declaración de Alsasua, medio millar de personas destacadas en el sector de la salud, la cultura, el tejido asociativo y la comunidad educativa, desde primaria a la universidad, incluso los deportistas, una cuarentena de primer orden como Oinatz Bengoetxea, Juan Martínez de Irujo, Abel Barriola, Nerea Pena, Andrea Barno, Mikel Nieve o Inaxio Perurena.

En esta Declaración se manifiesta el «compromiso con el futuro de nuestros pueblos y el derecho a vivir dignamente en ellos, frente a proyectos como la línea de alta tensión», y se advierte de que «no se trata de condenar a unas zonas en beneficio de otras, se trata de hipotecar las expectativas sobre el territorio de la mayoría, a cambio del lucro de unos pocos, las empresas que detentan el monopolio eléctrico». Y es precisamente este el punto que queremos desarrollar aquí.

El reino de España es, tras Chipre y Malta, el estado donde la electricidad es más cara de Europa, cuando los beneficios netos de las eléctricas en 2011 han sobrepasado los 6.000 millones de euros. Esta «anómala» situación viene derivada del régimen de oligopolio energético, donde Iberdrola, Endesa y Gas Natural copan el 80 % del mercado. Mientras el recibo de la luz -cuyo 50 % de la factura corresponde a «peajes de acceso»- sube el 70 % en seis años, el llamado «déficit tarifario» se sigue disparando (24.000 millones de euros desde 2.000, 5.000 más solo en 2012, que pagaremos del bolsillo común). Ni Kafka en «El proceso» podría haber imaginado una situación de auténtico expolio estructural como ésta.

Tan insostenible es el asunto que hasta el propio Gobierno Rajoy emitió un Real Decreto el pasado 30 de marzo donde exigía una nueva «planificación de la red de transporte tomando como base el escenario macroeconómico actual», añadiendo que «la propuesta remitida tendrá entre sus objetivos la minimización de los costes de la actividad de transporte». El debate es más ideológico que práctico, ya que el reino de España tiene un exceso de potencia eléctrica instalada. Potencia que asciende a casi 100.000 MW, cuando el pico de máxima demanda no supera los 44.000 MW. Desde 2002 se han construido más de 22.000 megavatios de centrales de gas que ahora están casi paradas debido a la caída de demanda eléctrica por la crisis. Desde 2004, España es exportador neto de electricidad (a Portugal, Marruecos y Andorra) y en 2010 además exportó electricidad a Francia, el país más nuclearizado de Europa. Con el impacto ambiental añadido que esto supone, no sólo de emisión de agentes contaminantes, sino de proliferación de infraestructuras de transporte eléctrico como estas líneas de alta tensión.

Red Eléctrica de España SA, una empresa privatizada que como las eléctricas sigue obteniendo beneficios millonarios en plena crisis -460 millones en 2011, un 18 % más que en 2010-, aduce para continuar con el proyecto el interés de Iberdrola y el Gobierno de Nafarroa que, como veremos, son parte del mismo todo. Iberdrola es el primer grupo energético español por capitalización. El hecho de que su sede social se encuentre en Bizkaia no nos debe mover a equívoco, un somero repaso de sus principales accionistas -ACS, 6'6 %; Estado de Catar, 6'1 %; BFA, 5'4 %- deja claro que este hecho no pasa de ser un mero «accidente geográfico» para aprovecharse de las ventajas fiscales derivadas del Concierto Económico (Iberdrola tributó en Bizkaia al 0 % en 2009 y 2010 por los incentivos fiscales).

Grupo ACS: empresa presente en Abertis (autopistas e infraestructuras), Hochtief (construcción) e Iberdrola (energía), su presidente es Florentino Pérez -el del Real Madrid- y sus principales accionistas la familia March, «los Albertos» (Alberto Alcocer y Alberto Cortina), exponente del sector constructor en España... y sus burbujas.

Estado de Catar: emirato del Oriente Medio cuyo presidente, Hammad bin Khalifa al-Thani, arrebató el poder a su padre mientras este pasaba sus vacaciones en Suiza. Su constitución no prevé la creación de partidos políticos y mantiene leyes de avales, semejantes a la esclavitud moderna.

BFA (Banco Financiero y de Ahorros): creador de Bankia, nacionalizado el 9 de mayo de 2012 a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, quedándose este ente estatal con las acciones y la propiedad del 100 % de BFA y del 50 % de Bankia, asumiendo con dinero público una de las mayores pérdidas económicas de la historia bancaria.

Además de los grandes accionistas, existen otros tan importantes como insospechados, caso del Gobierno de Nafarroa. En febrero de 2005, tras la venta de EHN a Acciona, el Gobierno de UPN decidió sorpresivamente, a través de Sodena (sociedad anónima de capital público para el «desarrollo» de Nafarroa), invertir 173'5 millones de euros en la compra de acciones de Iberdrola -un 0'49 % de su capital social-, a los que sumar el costo de las primas del seguro -que ya no existe- y de los intereses del préstamo, lo que en boca de la consejera Lourdes Goicoechea supondría un coste total de la adquisición de 211'6 millones de euros -algunas fuentes elevan esta cifra hasta los 264'5 millones de euros-. Esta actividad especulativa en bolsa pagada con dinero público alcanzaría hoy un valor cercano a los 90 millones de euros, por lo que las pérdidas rondarían el 57 %. Todo ello sin contar con la participación en el negocio de la nunca bien ponderada CAN, que vendió el 20 % que poseía en Sodena llevándose 7'5 millones en acciones de Iberdrola, participación que pasó a Banca Cívica y ahora a CaixaBank. Otro expolio kafkiano y foralista.

Llegados a este punto, afirmar que los gobiernos -tanto los de aquí como los de allá- están cómodamente secuestrados en las mullidas alfombras de los consejos de administración de las multinacionales eléctricas no es en absoluto gratuito. Sirva como argumento ilustrativo dónde han acabado ilustres gobernantes una vez abandonado su cargo. Felipe González es consejero de Gas Natural, José María Aznar de Endesa (eléctrica privatizada durante su mandato), como la exministra de Economía Elena Salgado, el excomisario europeo Pedro Solbes o Miquel Roca. González recibe una remuneración bruta de 126.500 euros anuales, Aznar 200.000, Narcís Serra percibió en 2010 precisamente 126.500 euros, que es el sueldo de los consejeros que no forman parte de «ninguna comisión». ¿Cuál es su verdadera función entonces?

Al parecer, la función de ciertas castas políticas es usar la administración para: primero privatizar las empresas con beneficios -casos de Endesa y REESA-, luego subvencionar la producción eléctrica de las multinacionales en manos de las castas económicas, después construirles redes de alta tensión para exportar los excedentes así generados y, por último, antes de asegurarse una jubilación de oro, hacernos pagar sus putrefactos negocios del bote común.

Cuando el segundo imput de mayor coste de la economía es la energía, es incomprensible que en plena época de recortes y regulación del mercado laboral nadie ose hablar de regulación del sector eléctrico. Cuando han puesto las bases para pasar de la burbuja inmobiliaria a la eléctrica, no es de recibo seguir apostando por un modelo insostenible social, ambiental y económicamente, cuyos únicos beneficios son los que se esconden en paraísos fiscales.

Es larga la sombra de una torreta...