La razón fundamental de reivindicar reparación es el derecho legítimo que tenemos de ser reconocidos como víctimas de unas leyes inconstitucionales, aplicadas durante la dictadura franquista. Ni el cambio de régimen, ni su escenificación política mediante la aprobación de la Ley de Amnistía de 1976 ni 35 años transcurridos de supuesta democracia han reparado la injusticia que se cometió con nosotros, miles de personas anónimas, al sufrir prisión por la aplicación de estas leyes.

Cuando decimos que tenemos legitimidad, nos basamos en los siguientes fundamentos:

Dos de nosotros sufrimos la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes siendo menores de 18 años, cuando el encabezamiento de la citada Ley especificaba claramente su aplicación a personas mayores de esa edad: Manuel Martinez en 1969, teniendo 16 años de edad, y Daniel Pont en 1967, con 17años.

La pervivencia de las citadas leyes durante la dictadura y primeros años de la mal llamada «transición». Fueron unas medidas sin ningún fundamento jurídico democrático que respetase las más mínimas garantías procesales judiciales, sufriendo todo el peso de las decisiones judiciales arbitrarias sectores sociales definidos como pobres, rebeldes, diferentes.

Se condenaba a años de prisión sin cometer ningún delito o se añadían injustamente a sentencias por pequeños hurtos o robos, lo que paradójicamente ocasionaba la permanencia en prisión varios años sin derecho a ningún beneficio penitenciario (redención de la pena), judicial (libertad condicional) o indulto (en la dictadura eran frecuentes).

Con la aprobación de la Ley de Amnistía en la «transición», se argumentó que servía como medida reparadora para iniciar el cambio a una democracia constitucional. Los presos sociales de entonces solo tuvimos la «suerte» de ser beneficiados con un pequeño indulto a deducir de las grandes condenas que imponían entonces los jueces y las leyes de la dictadura. Y en ningún momento posterior se repararon las consecuencias de aquellas leyes especiales que sufrimos miles de presos sociales.

Con los años pasados y ya con el PSOE en el poder, el Parlamento aprobó una ley de reconocimiento y reparación a los homosexuales y lesbianas que su- frieron la aplicación de dichas leyes por su condición sexual.

Nosotros, como expresos sociales heterosexuales, decidimos acogernos a dicha reparación, con el argumento de que dichas leyes eran inconstitucionales y la arbitrariedad con que se aplicaban a colectivos sociales determinados, y que debía considerarse a todas las víctimas iguales, pues eran las mismas leyes sin ninguna garantía jurídica para los condenados, independientemente de su condición sexual.

Se nos rechazó la equiparación y el derecho a la reparación por parte de la comisión creada al efecto, con el argumento de no haber sido homosexuales en el momento de su aplicación.

Así mismo, se nos rechaza el derecho a ser reconocidos como cotizados a la Seguridad Social los años trabajados en prisión como consecuencia de esas leyes especiales, cuando en las sentencias se especificaba «...internamiento en establecimientos de trabajo penitenciario por tiempo...», cuando en las cárceles de la dictadura ningún preso trabajador tenía derecho a la seguridad social.

Desde que iniciamos el procedimiento para tener acceso a nuestros expedientes judiciales-penitenciarios hace unos dos años, nos hemos enfrentado a toda clase de obstaculizaciones como: facilitarnos información errónea consecutiva, aparecer solo parte del expediente o no aparecer ningún rastro del mismo, en el caso de Agustin Moreno.

Quizás tenga que ver el dato de que los tres expresos sociales reclamantes fuésemos exmiembros de la «Copel» (Coordinadora de Presos en Lucha) en la década de los 70.

Por la evolución similar en esta reclamación con la Ley de Amnistía de 1976, en la que se ninguneó a los presos sociales víctimas de la dureza política y penal de la dictadura franquista, consideramos que de nuevo nos encontramos en el bucle de la historia, enfrentándonos a la negación de ser reconocidos como víctimas de haber sufrido la aplicación de las citadas leyes especiales junto a homosexuales y lesbianas.

En la actualidad nos hemos adherido a la querella popular contra la dictadura y estamos valorando la posibilidad de iniciar el «vía crucis» judicial (con las «amenazantes» tasas judiciales actuales) para denunciar nuestro caso a la comisión de asuntos judiciales de la Comisión europea en Estrasburgo.