El caso de espionaje en el seno de la clase política catalana ha vuelto a dar esta semana un nuevo giro con la detención, el lunes por la noche, del último director de la agencia de detectives Método 3 y otros tres antiguos trabajadores de la empresa, y con los registros de varias oficinas de la agencia en Barcelona y Madrid, efectuados ayer. Pero lejos de aclararse, el asunto no hace más que enredarse más cada día, convirtiéndose ya en un caso digno de una novela de Vázquez Montalbán. Pero por desgracia, ni el autor barcelonés está entre nosotros ni su detective predilecto, Pepe Carvalho, guarda parecido alguno con los detectives de carne y hueso que hoy pasarán a disposición judicial.

Por boca de sus abogados, ayer ya se conocieron algunos elementos de la declaración de los detenidos en la comisaría. Por ejemplo, que dos de ellos habrían confesado haber grabado la reunión entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la ex amante del hijo mayor del expresident Jordi Pujol, Victoria Álvarez, a instancias de sus superiores. Uno de los detenidos habría afirmado, además, que Sánchez-Camacho estaría al corriente de dicha grabación, extremo que fue inmediatamente negado por un comunicado del PP, en el que amenazó con querellarse contra todo aquel que difundiera como verdadera aquella afirmación.

La segunda noticia del día fueron los registros de las oficinas de Método 3, en los que la Policía española buscaría los informes y dossieres elaborados durante años por la agencia. Nadie tiene, sin embargo, la certeza de encontrarlos, ya que, antes del cierre de la empresa -con un ERE anterior incluido-, varios trabajadores habrían copiado algunos de los informes para chantajear posteriormente al director de la agencia, Francisco Marco, según aseguró él mismo.

Pero más allá de dónde están y qué contienen dichos informes, la pregunta más urgente es ¿quién ordenó elaborarlos? Tanto el PP, como el PSC y CiU, a quienes varios medios han apuntado como posibles responsables lo han querido negar tajantemente, por lo que es difícil no llegar a la conclusión de que alguien miente. ¿Pero quién? En este caso en el que nadie parece decir todo lo que sabe, solo el juez podrá intentar separar el grano de la paja y aclarar los hechos, algo que resulta cualquier cosa menos fácil en este Estado.

En el esclarecimiento, o en todo lo contrario, también tendrá un papel destacado la Policía española y el Ministerio de Interior, cuya cúpula se reunió el pasado lunes para otorgar «una prioridad absoluta» al caso de espionaje. Dicho y hecho, pocas horas después se producían las cuatro detenciones sin ni siquiera contar con una orden judicial. Quizás no debería ser noticia, pero varios comentaristas han apuntado ya a la llamativa celeridad con la que ha actuado en esta ocasión la cúpula policial.

¿Guerra sucia?

Otro elemento a tener en cuenta es la marginación de los Mossos d'Esquadra en todo el proceso de investigación, pese a ser la policía catalana la que tiene las competencias para investigar los hechos, lo cual da la sensación de que quieren tenerlo todo atado y bien atado. De hecho, el conseller de Interior acusó ayer al Gobierno de «falta de lealtad» y anunció que los Mossos iniciarían la investigación por su cuenta.

No es el único motivo que causa molestia en diferentes estamentos catalanes, desde el Govern, que ve un intento del Estado para frenar el proceso soberanista, al resto de partidos de la oposición, que han pedido en repetidas ocasiones al PP, al PSC y a CiU que aclaren lo sucedido. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, dio ayer un paso más y pidió la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Gastos Reservados. De hecho, ya hace días que los rumores sobre la presencia creciente de agentes del CNI en Catalunya corren alegremente por Barcelona.

Como se hartan de repetir desde Catalunya, solo un alma cándida podría pensar que el Estado no utilizará toda su maquinaría para tratar de paralizar el proceso catalán, lo que incluye la acción de los servicios de «inteligencia». Como comentaba recientemente un dirigente convergente, «antes tenían los tanques, ahora son más sutiles». Sin embargo, aquí comienza la clásica discusión entre el huevo y la gallina, ya que, más allá de filtraciones interesadas, varios casos de corrupción en el entorno de CiU están ya a la espera de juicio. ¿Quién es el responsable? ¿El aparato del Estado que aprovecha los supuestos casos de corrupción para atacar el proceso soberanista o una clase dirigente que durante años ha hecho y deshecho a su antojo y ahora da pie a que su gestión sea utilizada en contra de todo un país?

Pero mientras tanto, entre acusaciones cruzadas y filtraciones que muy pocos saben realmente de dónde llegan, la cuestión central del caso sigue quedando en un segundo plano: ¿Cómo se explica que, según apuntan los que han tenido acceso a la grabación de la reunión entre Sánchez-Camacho y Álvarez, el informe apócrifo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía española publicado por «El Mundo» en plena campaña electoral coincida en una gran parte con el contenido de la reunión entre ambas mujeres? Entre líneas, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, dio ayer su particular respuesta: «Hay cosas que no ligan, y si ligan, ligan demasiado».