El camino iniciado por los dirigentes de Myanmar, con la liberación de prisioneros políticos, las nuevas leyes que permiten la libertad de reunión y acaban con la censura a los medios, y las expectativas de renovadas relaciones con el exterior reciben crecientes alabanzas, sobre todo desde EEUU y sus aliados occidentales.

Sin embargo, la realidad de Myanmar está marcada por otros conflictos que algunos prefieren obviar, entre ellos los ataques y persecución de la minoría musulmana rohingya, la guerra contra la etnia kachín y la represión contra las protestas ante algunos macroproyectos energéticos (la mina de cobre de Monywa, o la presa hidroeléctrica Myitsone en territorio kachín), o por la resistencia de las poblaciones locales a la confiscación de tierras.

La transición gira, de cara a los actores extranjeros, en torno a los movimientos del presidente Thein Sein y la actitud del otrora icono opositor, Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia (NLD).

El presidente ha ido consolidando su autoridad y la reforma. Ha logrado ubicar un grupo de tecnócratas en el gobierno, al tiempo que ha creado los «superministerios», con gente de su confianza en los puestos clave. Por su parte, ha sabido atraer también a los militares, que parecen haberse sumado al proceso, tal vez conscientes de que no tendrá consecuencias negativas para sus propios intereses.

Por su parte, preocupa la evolución política de Suu Kyi. Sus últimas actuaciones, sus silencios o sus declaraciones, muestran un latente chauvinismo birmano. Considerada en el extranjero como el símbolo de la resistencia al anterior régimen, promocionada (Premio Nobel de la Paz) como firme candidata para dirigir en el futuro el país, Suu Kyi también ha recogido importantes críticas por su pasividad ante las brutalidades contra los rohingya y los kachín de sectores otrora aliados suyos, frustrados y decepcionados.

Las elecciones del 2015, con un más que probable triunfo de la NLD, serán decisivas. Una victoria abrumadora puede llevar a un nuevo escenario donde se sobre y se baste para gobernar, lo marginaría del poder a la antigua élite política, a los movimientos étnicos y a otros grupos opositores. Y todo ello sin menospreciar las luchas internas que pueden darse en el seno de la propia formación

La política hacia las minorías (más de 134 grupos étnicos) es clave. Desde la independencia la estrategia gubernamental ha pasado por tres fases. En la primera y bajo las promesas de autodeterminación y mayor autonomía que se recogían en el Acuerdo de Panglong (1947) los grupos étnicos esperaron entre 1948 y 1962 a que se cumpliera lo acordado. Sin embargo, los gobiernos centrales desarrollaron una colonización y la ideología de la supremacía birmana, las tres B (un país-birmania; una religión-budismo; una lengua-birmano). A pesar del nombre oficial, «República Unión de Birmania», la historia, cultura y lenguas étnicas desaparecerá de la historia del país.

La segunda fase, llamada «la vía birmana al socialismo» y protagonizada por los militares, entre 1962 y 1988 consolidará el control sobre las minorías y utilizará la fuerza militar para acallar las disidencias. Será el tiempo de los «4 cortes» (alimentos, dinero, reclutamiento e información) y la «birmanización» del país a la fuerza.

La actual tercera fase está marcada por la transición. Pero hay aspectos preocupantes, como el cambio de la nominación de los estados por otros de claro contenido birmano (Kambawza, Ramanya, Zeyarthiri...), intentando borrar cualquier presencia de las minorías. La «ideología de la supremacía nacional» es una constante en las élites birmanas. La persecución de los rohingya muestra esas imperfecciones. La identidad religiosa y étnica de estos descendientes de pueblos de Asia del sur ha sido la excusa para una campaña que algunos califican de genocidio. El uso peyorativo del término «kala» se ha extendido y lo que se inició como un ataque a los rohingya ha ido ampliándose en un sentido más general, contra los musulmanes y los provenientes del sur del continente, afectando a otros estados más allá del de Rhakine.

Esta minoría, sin reconocimiento oficial y sin ciudadanía (con la actual ley de 1982 nunca la adquirirán), es presentada como emigrantes de Bangladesh (donde tampoco se les reconoce la ciudadanía). Suu Kyi, en lugar de pedir la derogación de medidas excepcionales y de esa ley de la nacionalidad, ha exigido «que impere la ley en la zona».

Ante un futuro desesperanzador, con decenas de miles de desplazados y refugiados y el silencio de la NLD y la comunidad internacional, todo indica que nada va a cambiar y que seguirá prevaleciendo la lógica de la fuerza, con el riesgo de una radicalización de la juventud rohingya que puede abrir la puerta a actores extranjeros. Hay quien se preguntan que si los rohingya no pueden ser ciudadanos en ninguna parte, ¿por qué no habrían de forjar una patria para ellos mismos?».

La guerra contra el pueblo kachín es otro termómetro. Hace veinte meses se inició la nueva fase del conflicto, dejando tras de sí cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. El pueblo kachín se encuentra en el norte de Myanmar, en la provincia china de Yunnan y en Arunacha Pradesh en India.

Hasta la instauración de las nuevas fronteras , los kachín gobernaban de manera independiente su territorio, bajo los «duwas» y siguiendo prácticas tradicionales, sin formar parte del reino birmano. Los británicos tampoco los incorporaron a Birmania y fue el engranaje postcolonial el que acabó con la independencia kachín. Tras el reiterado incumplimiento del Acuerdo de Panglong, se formará la Organización para la Independencia Kachín (KIO) en 1961, seguida de su brazo armado, el Ejército para la Independencia Kachín (KIA), que dará pie a la primera guerra contra el gobierno central, y que durará hasta 1994, cuando se firman los acuerdos de alto el fuego.

A partir de esa fecha se marca la prioridad de buscar acuerdos a través del diálogo, lo que permitirá al KIO/KIA controlar buena parte del territorio, al tiempo que importantes logros para su pueblo: desarrollo social, acceso a las tecnologías, ONG activas en educación y en la defensa del medio ambiente, enseñanza de la lengua kachín. En esos años se abren hoteles, no hay cortes de electricidad, se crea una televisión local y se recogen beneficios del comercio fronterizo, aunque surge la corrupción.

El Gobierno central suspira por la riqueza de la zona y pone en marcha proyectos privados de grandes negocios agrícolas que destruyen el medio ambiente y militariza la región, al tiempo que mantiene una política de promoción de la lengua birmana y el budismo como religión. Por otro lado, no querrá afrontar la graves crisis humanitaria que ha generado el conflicto.

A partir de 2011 se entra en la nueva fase, con un enfrentamiento armado donde se muestra claramente la distancia entre el discurso oficial y la realidad. Esa peligrosa dinámica condicionará el rumbo del país, pero sobre todo puede volver a situar en la centralidad el largo conflicto étnico sin resolver.

Las manifestaciones de apoyo al pueblo kachín del Consejo Federal de Nacionalidades Unidas (una coalición de 11 grupos étnicos, algunos con acuerdos de alto el fuego) o del Ejército Unido del Estado Wa, una de las organizaciones armadas más poderosas, revelan la preocupación ante el futuro y el temor de que ellos pueden ser los siguientes. En este contexto se sitúan los preparativos de grupos shan ante una posible intervención-ataque gubernamental, y movimientos similares en la etnia karen.

La comunidad internacional también quiere su parte en Myanmar. EEUU y sus aliados occidentales quieren parte del pastel económico de Myanmar y, sobre todo, debilitar la alianza local con China.

Del boicot, el embargo y las sanciones hemos pasado a los llamamientos a «abrir la economía al comercio e inversiones extranjeras», a la «promoción del mercado local, la explotación de los recursos, y el desarrollo de instituciones financieras que dirijan la capitalización».

La simbólica visita de Obama al país, apenas dos semanas después de su triunfo electoral, supone un evidente respaldo al régimen y al presidente Thein Sein. Y ello junto a un silencio absoluto sobre las violaciones de los derechos humanos. La oportunidad de «hacer negocio» y la pugna con China en la zona marcan los ejes de esa nueva actitud occidental hacia Myanmar.

Pekín tiene también sus propios intereses. A los dirigentes chinos les preocupa la estabilidad interna, y la presencia de refugiados kachín en el ya de por sí compleja realidad étnica del sur de China puede desestabilizar la zona.

Además está el interés económico, con la inversión en proyectos de extracción de recursos minerales y energéticos, como las ya mencionadas minas y plantas hidroeléctricas, o el oleoducto que une Myanmar con Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, a lo que se une la expectativa de abrir un mercado nuevo a los productos chinos.

Por último, están los objetivos estratégicos. La presencia cada vez más evidente de EEUU y sus aliados está permitiendo a los dirigentes birmanos flirtear con ellos mientras mantienen sus lazos con China, y todo ello en un momento en el que desde Washington se subraya la importancia de la región en su pulso con Pekín.