CONFLICTO DE LAS RESIDENCIAS de GIPUZKOA
Adegi arremete contra la solución al conflicto de las residencias
Exige a la Diputación la retirada «inmediata» de la propuesta que destina 8,2 millones para financiar la mejora de las condiciones laborales.
Joseba SALBADOR | DONOSTIA
El anuncio efectuado el pasado 8 de enero por la Diputación de Gipuzkoa comprometiéndose a destinar un presupuesto bianual de 8,2 millones de euros para financiar mejoras en las condiciones laborales de los 4.800 trabajadores -un 97% mujeres- de las residencias y centros de día parecía ser el elemento clave para superar la situación de bloqueo en la que se encontraban las negociaciones del convenio. Todos los sindicatos (ELA, LAB, CCOO y UGT) valoraron positivamente la propuesta del Departamento foral de Política Social, habida cuenta de que las patronales Adegi y Lares (Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores) supeditaron la posibilidad de alcanzar un acuerdo a que la Diputación realizara una propuesta en la que incluyera una partida económica para el convenio.
No obstante, y ante la sorpresa de los sindicatos, las patronales rechazaron la propuesta al anunciar que «no firmarán un convenio sectorial que sea una contrarreforma laboral» y defendieron el mantenimiento de las actuales condiciones laborales de los trabajadores.
Una semana después de aquel primer posicionamiento, el secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, remitía un escrito al Departamento de Política Social en el que, en duros términos, exige que se retire «inmediatamente» su propuesta de solución y le requiere que «reconozca públicamente» que su propuesta ha supuesto «una extralimitación de sus facultades en detrimento de la capacidad y derecho a la negociación colectiva de las asociaciones empresariales». Estos requerimientos, según deja claro Adegi en su misiva, a la que ha tenido acceso este diario, se llevan a cabo además «como paso previo al ejercicio de las acciones legales que correspondan».
La propuesta de la Diputación contemplaba un compromiso para garantizar a las entidades gestoras «la financiación suficiente para aplicar subidas del IPC a los sueldos y consolidar los derechos laborales de los trabajadores», de tal forma que, en caso de aplicarse, «no existiría razón, ni técnica ni económica, para vulnerar los derechos del personal reduciendo su poder adquisitivo o aplicando las reformas laborales», tal y como recalcó en su día el diputado de Política Social, Ander Rodríguez.
La patronal Adegi considera, sin embargo, que la institución foral «no se limita a asumir un compromiso económico que permita la negociación de una mejora retributiva en el sector, sino que incide en cuestiones laborales de gran relevancia, calado e incidencia futura, que exceden claramente de sus facultades administrativas, en una actuación con connotaciones evidentemente políticas, que no pretenden sino mostrar su oposición a las recientes reformas laborales».
El planteamiento de la Diputación, además, «desestabiliza» a juicio de Adegi las posiciones negociadoras del convenio, «al evidenciar un claro posicionamiento a favor de la representación sindical, debilitando claramente la posición patronal».
Subraya asimismo que «el hecho de financiar parte de la actividad desarrollada por las empresas que operan en el sector de ningún modo faculta a la Diputación Foral para tratar de inmiscuirse en la regulación convencional de las condiciones laborales aplicables al mismo».
Por ello, califica la actuación de la institución foral como «una manifiesta injerencia en la negociación colectiva del sector, totalmente inadmisible, que atenta gravemente a la propia naturaleza del convenio colectivo» y que «vulnera derechos constitucionales como el de la negociación colectiva que la Constitución española reconoce a los representantes de los trabajadores y empresarios».
Por último, la patronal guipuzcoana se queja de que la «publicidad» que se ha dado a la propuesta foral, «incluida la página web de la referida administración», ha generado «un daño irreparable» a su imagen, puesto que «se ha tratado de trasladar a la sociedad la idea de que las responsables de que no se haya alcanzado aún un acuerdo en la referida negociación son exclusivamente las patronales».
Los sindicatos, que mantienen una convocatoria de huelga para los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, consideran que no existen motivos para no suscribir este planteamiento y denuncian que las patronales pretenden «congelar los salarios, incrementar la jornada en 38 horas anuales y aplicar todas las cláusulas de la reforma laboral».
Asimismo, denuncian que están tratando de alargar lo máximo posible la negociación, «para que el próximo 7 de julio se aplique directamente el convenio estatal».
Adegi sostiene que la Diputación incide en cuestiones que «exceden claramente de sus facultades administrativas, en una actuación con connotaciones evidentemente políticas, que no pretenden sino mostrar su oposición a las recientes reformas laborales».
La propuesta para desbloquear el conflicto laboral de las residencias y centros de día no es la única que ha puesto sobre la mesa la institución que dirige Martín Garitano para tratar de sortear los recortes y reformas impulsados por al Gobierno español.
El pasado día 12, el Consejo de Diputados aprobaba un decreto en el que fija, para 2013, los precios de las prestaciones por dependencia en las cuantías que se venían abonando hasta el momento, sin rebaja alguna.
Este decreto blinda las cuantías máximas para quienes vienen percibiendo la Prestación Económica por Cuidados en el Entorno familiar, la de Asistencia Personal, que se ha ampliado a nuevos grados, y la Vinculada al Servicio, medidas que beneficiarán a más de 11.600 personas.
De esta forma, se mantienen las máximas de 520,69 euros para Prestación Económica para Cuidados en el Entorno, que perciben casi 10.300 personas en Gipuzkoa; y 833,96 euros, tanto para la Prestación Económica Vinculada al Servicio como para la de Asistencia Personal, que perciben 150 y 1.190 guipuzcoanos, respectivamente.
En el caso de esta última, además, la Diputación aprobó en enero una ampliación de los derechos que permitirá cobrar esta ayuda también a quienes sean valorados con grado II y con grado I nivel 2. Casi 12.500 guipuzcoanos y guipuzcoanas tienen esos niveles de dependencia, por lo que, a partir de este año, podrían acogerse a las nuevas ayudas para contratar personas cuidadoras.
La portavoz foral, Larraitz Ugarte, señaló que estas medidas, a pesar del gran esfuerzo que supondrán para las arcas forales, pretende hacer frente a la nueva Ley aprobada por el Gobierno español que supone, entre otros recortes, la reducción de un 15% en las actuales prestaciones y de un 30% en las nuevas altas. J.S.
Los sindicatos consideran que no existen motivos para no suscribir el planteamiento de la Diputación y denuncian que las patronales tratan de «congelar los salarios, incrementar la jornada en 38 horas anuales y aplicar todas las cláusulas de la reforma laboral».
