Human Rights Watch (HRW) denunció que las Fuerzas de Seguridad de Sri Lanka han utilizado la violación y otras formas de violencia sexual para torturar a sospechosos de ser miembros de la organización armada los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) o simplemente a civiles tamiles detenidos bajo la acusación de apoyar a este movimiento armado.

Los abusos ocurrieron entre 2006 y 2012, según el informe de la ONG estadounidense, que recoge los casos de 75 personas que denunciaron haber sido violadas y víctimas de abusos sexuales a manos de miembros del Ejército, Policía y grupos paramilitares en centros de detención oficiales en Sri Lanka.

«Las Fuerzas de Seguridad cingalesas han cometido un incalculable número de violaciones contra mujeres y hombres tamiles que estaban bajo custodia», declaró el director de HRW para Asia, Brad Adams. «No se trata de atrocidades que ocurrieron durante la guerra, sino que continúan en el presente y que ponen en peligro a los hombres y mujeres tamiles detenidos por participar presuntamente con el LTTE», matizó.

La mayoría de las víctimas han hablado con HRW y han corroborado sus versiones con informes legales y médicos. Muchos de los casos siguen el mismo patrón: las personas eran secuestradas en sus casas por hombres sin identificar, llevadas a centros de detención y sometidas a interrogatorios extremos por sus presuntas actividades relacionadas con la guerrilla, según ha documentado HRW. Un joven de 23 años narró que, tras un viaje al extranjero, fue secuestrado y retenido sin cargos. Sufrió violaciones durante tres días seguidos hasta que firmó una confesión.

Siguiendo con los testimonios, una mujer de 32 años denunció que fue detenida por dos hombres vestidos de civil que la desnudaron y fotografiaron desnuda. «Ellos me dijeron que confesase todo», recuerda. «Me negué a confesar y entonces amenazaron con matarme. Me golpearon y torturaron continuamente y al segundo día, un hombre vino a la habitación donde me encontraba y me violó. Fui violada por distintos hombres innumerables veces durante al menos tres días», denuncia la mujer.

Todo tipo de torturas

Las víctimas también han descrito haber sido golpeadas, colgadas por los brazos, parcialmente asfixiadas y quemadas con cigarrillos.

Ninguna de las personas que ha hablado con miembros de HRW tuvo acceso a consejo legal, a sus familias o a médicos durante el período en el que estuvieron detenidas. Casi todas ellas firmaron una confesión con la esperanza de que los abusos cesarían, a pesar de que al final, las torturas y violaciones de sus derechos continuaron, de acuerdo con la ONG.

«El Gobierno ha dificultado el tratamiento médico y sicológico a las víctimas violadas», denunció Adams. «En las zonas del norte, habitadas mayoritariamente por tamiles, el Ejército ha prohibido la presencia de organizaciones locales e internacionales que presten servicios a los supervivientes de la violencia sexual», agregó.

Ningún procesado

Hasta el momento, ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad de Sri Lanka ha sido procesado, y mucho menos condenado por violar a detenidos durante los últimos años del conflicto o desde el fin de la guerra, según el comunicado de la ONG.

Los entrevistados han declarado a Human Rights Watch que tanto el Ejército como la Policía cingalesa rara vez hicieron esfuerzos para disimular que pertenecían a las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre las que se incluyen Inteligencia militar, militares y agentes de Policía.

De acuerdo con el comunicado, las violaciones y otros actos de violencia sexual «son considerados crímenes de guerra».

El Gobierno cingalés tiene la obligación no solo de prevenir las violaciones sino de investigar «las acusaciones creíbles» sobre tales abusos y procesar a los responsables, recordó la organización de defensa de los derechos humanos con sede en Estados Unidos.

«La respuesta del Gobierno ante las denuncias de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad ha consistido básicamente en rechazarlas al considerarlas 'falsas' o 'propaganda a favor del LTTE'», subrayó Adams, quien añadió que «aunque no está demostrado que en el Gobierno fuesen conscientes de estos horribles crímenes, el fracaso del Ejecutivo a la hora de tomar medidas contra estos abusos en curso es una prueba más de la necesidad de una investigación internacional» .