El comité de empresa de Indesa denunció ayer «la indecencia moral» de este centro de empleo protegido de Araba por «la explotación de sus trabajadores discapacitados», que perciben menos de 1.000 euros de media mientras se contrata a otras personas con salarios anuales de hasta 68.000 euros.

La empresa Indesa 2010, ahora reconvertida en empresa pública dependiente de la Diputación alavesa, es un centro especial de empleo de minusválidos síquicos que da trabajo a 670 personas, de las cuales 44 no son discapacitadas.

La delegada del comité, Begoña Ozaeta, informó de la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo debido a «la actitud prepotente» de la empresa, que pretende aplicar todas las reformas laborales que adopte el Ejecutivo español.

Denunció las «continuas amenazas» de la dirección de Indesa, que ha instado a los trabajadores a firmar el convenio propuesto o, en caso contrario, «aplicaría recortes en los sueldos».

Por ello, culpa a la Diputación, máxima accionista de la empresa, de tener solo en cuenta los beneficios económicos, aunque para ello se «sacrifique la calidad de vida de los trabajadores discapacitados». Añadió que la compañía va a «aplicar la reforma laboral en toda su crueldad» y que se ha congelado la subida salarial del 0,5% prevista para enero.

Fuentes de la dirección argumentan que esta medida se ha adoptado porque «no pueden cometer una ilegalidad».