El Congreso español fue ayer escenario de un vívido debate en torno al derecho a decidir de los pueblos, un tema que algunos quisieran mantener aparcado pero que ha irrumpido con fuerza en el escenario político. Sobre todo en Euskal Herria y en Catalunya, donde este derecho cuenta con un respaldo mayoritario entre la ciudadanía, que exige, cada vez con mayor ímpetu, poder ejercerlo sin cortapisas.

Esta demanda social es la que ha sido llevada a la Cámara por formaciones catalanas y vascas -el PNV fue el único que pasó de largo en su exposición- y la que ha ocasionado una profunda crisis entre el PSC, favorable a que las catalanas y catalanes puedan disponer de su futuro sin injerencias, aun defendiendo su pertenencia al Estado español, y el PSOE, partido que se cierra en banda a respetar ese derecho democrático. Porque el derecho a la libre determinación no es un proyecto político, como sí son la independencia, el federalismo o cualquier fórmula de articulación territorial. Es simple democracia. Ni más ni menos. Y su rechazo, un ejercicio antidemocrático. Así lo entienden también los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya, que están lejos de ser nacionalistas, como burdamente les han reprochado algunos «compañeros» del Partido Socialista Obrero Español, pero que saben que la sociedad catalana y sus propios votantes no admiten que se les niegue la palabra. Desgraciadamente, los diputados vascos de esta última formación están lejos de alcanzar la madurez política de los catalanes.

El derecho a decidir debería ser refrendado por todos los grupos si realmente se guiaran por criterios democráticos. Pero es el nacionalismo, el español en este caso, el que habla en boca de sus portavoces y vota desde sus escaños. La unidad del Estado -su proyecto-, ante todo y sobre todo. Sin embargo, enrocarse en esta posición tiene también un coste, para el propio marco, cada vez más deslegitimado en la sociedad vasca y catalana, y en sus filas, como demuestra el caso del PSOE.