La reforma del sistema de pensiones y de la Seguridad Social aprobada ayer por el Gobierno español, consistente en un endurecimiento de las condiciones de jubilación parcial y anticipada, es la enésima medida de ese Gobierno dirigida a los sectores más desprotegidos, en este caso a los trabajadores de más edad. Presentarla como una medida «para promover el envejecimiento activo» es, sencillamente, una tomadura de pelo, una muestra de desvergüenza, porque en realidad es un ataque, uno más, a los derechos de los trabajadores. Por otro lado, resulta tristemente paradójico que un Gobierno que dice estar tan preocupado por el imparable aumento del la tasa de paro implemente medidas como esta, ya que tendrá incidencia, negativa, por supuesto, en el desempleo. Una reforma que, además, aumenta la desprotección de los parados mayores de 55 años, a quienes niega el subsidio si, por ejemplo, viven con sus padres y estos tienen «ingresos suficientes» según la legislación vigente, es decir, 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar. Incluso el doble de esa cantidad ¿sería «ingreso suficiente» para cualquier miembro de ese Gobierno?