Las declaraciones de Juan Diego, director gerente de EITB entre 1999 y 2009, y Jon Velasco, letrado asesor del consejo de administración del ente audiovisual vasco en 2009, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbo por el caso Vilau Media S.L. tendrán lugar definitivamente dentro de una semana, el viernes 22. Juan Diego, que declarará como imputado, ya había solicitado un aplazamiento y ayer, debido a la sobrecarga del juzgado, también quedó pospuesta la de Jon Velasco, llamado como testigo.

Juan Diego, actualmente director de la agencia foral Beaz Bizkaia, está llamado a declarar bajo la acusación de malversación de caudales públicos y delitos societarios a raíz de una querella presentada por el sindicato LAB. Se le acusa de haber firmado en nombre de EITB en 2009, una semana antes de la entrada del equipo de Alberto Surio, un aval para un préstamo de 700.000 euros que Kutxabank, entonces Bilbao Bizkaia Kutxa, concedió a la empresa Vilau Media S.L.; una cantidad de la que el ente público se tuvo que hacer cargo, con fuertes costes para su funcionamiento y su programación. Juan Diego, junto a Mikel Agirre -el candidato del PNV director general de EITB que renunció a ocupar el puesto recientemente- figuraba, además, como socio de esta empresa, en la que EITB tenía participación económica.

La plantilla

Sobre EITB se habló también ayer en el Parlamento de Gasteiz, concretamente en el pleno de control. La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, aseguró que la aportación del Gobierno de Gasteiz al presupuesto de explotación del grupo «garantiza» la plantilla del ente público, aunque precisó que «será el propio ente, dentro de su autonomía organizativa, quien deberá priorizar el destino de las cuantías a las necesidades que prevea».

El proyecto de presupuestos destinan a la radiotelevisión pública vasca un total de 121,7 millones de euros, lo que supone una bajada del 17 por ciento respecto al presupuesto del año pasado.

Uriarte defendió que «EiTB debe optimizar sus recursos sí o sí» y que su base estructural debe racionalizarse y alcanzar estándares de alto nivel y productividad y para conseguirlo reconoció que se deben adoptar los cambios necesarios. En este sentido, aseguró que el Gobierno va a «impulsar, potenciar y asegurar esa racionalización».