Un juez de Barcelona, José María Fernández Seijo, preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión si un desahucio que había afectado Mohamed Aziz era conforme al derecho europeo. El juez exponía que la ley hipotecaria española ata las manos de los magistrados, porque no pueden parar desahucios aunque aprecien cláusulas abusivas (...). La respuesta ha sido demoledora. Tal situación, efectivamente, colisiona con las directivas europeas. El Estado español debe modificar esta ley que, de momento, ha perjudicado miles y miles de familias.

Es cierto que hay quien contrajo una hipoteca llevado por la euforia, pero también que muchos contratos se firmaron abusando de la buena fe de la gente. También es cierto que la asunción de riesgos era desigual, ya que el hipotecado responde con todos sus bienes presentes y futuros, mientras que la entidad solo se enfrenta a un problema contable si el precio del bien disminuye.

La decisión del Tribunal de Luxemburgo demuestra una verdad evidente: los promotores de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) no son, como algunos han dicho, unos perturbadores antisistema, sino unos ciudadanos conscientes de que trabajan para resolver una injusticia clamorosa. El Gobierno español, que aceptó su ILP a regañadientes, porque si no quedaba en evidencia que lo que preocupa de verdad en España son los toros, dijo que modificará la Ley Hipotecaria. Sería preciso, por respeto a los miles de personas angustiadas y a la justicia misma, que esa reforma no se eternice, como es costumbre cuando el PP aborda alguna ley que no le gusta.