Desde que el año pasado el gobierno de Rajoy anunciase su intención de reformar mediante ley de obligado cumplimiento la administración local, las entidades locales del Estado y por ende las alavesas están bajo la incertidumbre de cómo afectará dicha reforma a las mismas y por tanto a sus habitantes, porque no podemos obviar que cualquier modificación del entramado institucional local afecta de manera directa a sus habitantes.

Ya tenemos un borrador de anteproyecto de ley que ha iniciado los pasos para su aprobación y el resultado no es malo, es nefasto para las entidades locales. Con la excusa de la racionalización y del ahorro se proponen medidas que permiten disolver e intervenir cualquier entidad local.

Por un lado, se establecen las competencias propias e impropias de las entidades locales. De esta forma nos encontramos con que servicios que hasta ahora estaban prestando dichas entidades pasarían a prestarse por las diputaciones, comunidades autónomas o gobierno del estado.

Por otro lado, para las competencias propias se van a establecer unos precios estándares para todo el Estado, de modo que aquella entidad local cuyos costes por servicio sean superiores a los precios marcados, serían intervenidas por las administraciones superiores que pasarían a prestar esos servicios.

Las consecuencias de estas dos medidas anteriormente citadas son enormemente perjudiciales no solo para las entidades locales sino lo que es más grave para sus vecinos y vecinas, auténticos paganos de esta reforma que pretenden llevar a cabo desde el gobierno de Madrid.

Primero, la retirada a las entidades locales de lo que denominan competencias impropias en base a evitar supuestas duplicidades y a un ahorro más que dudoso, lo que si va a suponer es una centralización de los servicios y por lo tanto un alejamiento entre los centros de gestión y administración y los ciudadanos. No hay que olvidar que los servicios de los que estamos hablando nos afectan directamente en nuestra calidad de vida, servicios a los mayores, a los jóvenes, a las mujeres, a los discapacitados, a los parados, etc. Servicios que si se centralizan en las diputaciones, comunidades autónomas o gobierno central, no van a tener delegaciones en nuestros pueblos y por lo tanto va a ser más costoso y penoso para los vecinos y vecinas acceder a los mismos.

Segundo, la imposición de unos precios estándares para las competencias propias a nivel del estado es un despropósito ya que no cuesta lo mismo dar los servicios en unas zonas u otras del estado (al igual que no cuestan lo mismo los pisos o los sueldos son diferentes). Además, esta uniformización en el precio y no en la calidad del servicio va en claro detrimento de los usuarios y usuarias de esos servicios. Mucho nos tenemos que detrás de todo esto haya un afán privatizador de los servicios básicos en base a los precios y no a la calidad de los mismos.

Todo esto en relación a las entidades locales en general, pero ¿Qué va a ocurrir con las entidades locales menores, los concejos en el caso de Álava? Pues mucho nos tememos que este proyecto aboga por la desaparición de los mismos, ya que además de quitarnos de la relación de entidades locales de la Ley de Bases de Régimen Local, también propone la desaparición de la catalogación de entidad jurídica propia. Si esto termina así es claro que el final de los concejos como entidad local con competencias y potestades propias en su territorio está cercano. Si esto ocurre, está claro que la Diputación y las Juntas Generales de Álava habrán fallado en la defensa de sus competencias en el ámbito de la administración local. Y esto si que va a afectar a todas los vecinos y vecinas, que van a perder su capacidad de decisión directa en todo lo que atañe a su pueblo, en los servicios esenciales que gestionan los concejos, en las obras de mejora de sus pueblos, en definitiva se perdería una administración cercana y participativa con siglos de entronque en el entramado institucional alavés.

Para la Asociación de Concejos de Álava-Arabako Kontzeju Elkartea la solución no pasa por la eliminación o intervención de las entidades locales más pequeñas, sino muy al contrario por su fortalecimiento. Estamos por la cercanía, por la participación y la decisión directa. Estamos por la voluntariedad y la gratuidad de los cargos. Estamos, en definitiva, por el mantenimiento y potenciación de la administración concejil que es cercana, barata y eficiente.

Desde los pueblos alaveses hemos dado nuestra opinión, queremos que los concejos sigan existiendo, que sigan dando los servicios básicos, que sigan realizando las obras de nuestros pueblos, manteniendo el monte público, que sigan haciendo comunidad. Para esto es necesario que La Diputación Foral de Álava y las Juntas Generales se mojen. Tienen la obligación de defender a los Concejos, que son la administración con mayor arraigo en el territorio y esto es lo que esperamos los alaveses y alavesas de nuestras instituciones forales.