Abogados de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzaron ayer a redactar un escrito estándar que presentarán en los juzgados con el objetivo de frenar los desahucios al amparo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera irregulares los procesos de ejecución hipotecaria en el Estado español.

«Lo importante es traducir esta sentencia en hechos concretos», destacó la portavoz de la PAH, Ada Colau, al explicar la reunión mantenida en Madrid con abogados de la plataforma en todo el Estado español para diseñar estrategias a seguir en los juzgados tras la resolución de la UE.

Marti Batllori, uno de los abogados de la plataforma. defendió que ahora deben «plantear todo tipo de estrategias para entrar por la gran puerta abierta por el tribunal europeo y exigir a los jueces que se defiendan los derechos de los afectados frente a los de las entidades bancarias». Por ello, explicó, la idea es «elaborar un documento que puedan esgrimir todos los afectados a través de sus abogados para paralizar los alzamientos, haciendo valer el derecho a que se declaren nulas las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios».

Además de frenar los desahucios, pretenden diseñar herramientas dirigidas a reparar el daño causado a aquellas personas que ya han perdido su vivienda.

Así, la PAH intentará conseguir la nulidad de esos procedimientos con carácter retroactivo y que las personas puedan ser compensadas por ese daño recuperando la vivienda y cancelando su deuda. Para ello, demandarán al Estado «por falta de trasposición de la directiva comunitaria por incumplimiento en la ley española de la directiva».

«Es urgente cambiar la ley»

No obstante, Colau sostuvo que la solución al drama de los desahucios no está en los juzgados y defendió que «si lo que el tribunal europeo ha dicho es que la ley española es ilegal, lo que hay que hacer de manera urgente es cambiar esa ley».

A su juicio, «es una vergüenza que el Gobierno, una vez más, esté atendiendo a los intereses de las entidades financieras en lugar de escuchar las demandas ciudadanas y acatar la sentencia del tribunal europeo».

En este sentido, instó a la aplicación de las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la PAH presentó en el congreso con el respaldo de un millón y medio de firmas. Recordó que las medidas incluidas en la ILP son «de mínimos» y, «aunque no resolverían el problema, permitirían hacer borrón y cuenta nueva y con una ley que sea justa podríamos encarar los procedimientos futuros».