Las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, criminalizando las plataformas y a los afectados por los desahucios han provocado numerosas reacciones en el Estado. Y es que cada vez cuela menos recurrir a acusar de «proetarras» a quienes se encuentran en situaciones extremas y protestan o quienes, sencillamente, no están dispuestos a callar. Tras Cifuentes, Antonio Basagoiti manifestaba que no se ve «ninguna diferencia ni en los gritos ni en la actitud ni en el fondo, entre los que venían del mundo de ETA a acosarnos y los que van ahora con la excusa de la hipoteca a acosar a los del PP». La «excusa», dice el señorito, al que no se le puede molestar. También los medios de extremo centro se sumaban a la campaña de criminalización iniciada por la delegada del Gobierno en Madrid.

«La Razón» titulaba en primera «Miembros de la plataforma de Colau sí apoyaron la marcha proetarra», refiriéndose a la enorme movilización del pasado 12 de enero en Bilbo. Gran descubrimiento. Decía que «dos integrantes de la plataforma de Vizcaya participaron el na rueda de prensa de la manifestación» y aportaba varias fotos de concentraciones contra los desahucios y otra de una rueda de prensa en la que numerosas personas mostraban su adhesión a la marcha de Herrira. Efectivamente, había dos miembros de la plataforma antidesahucios o, al menos, participantes en las movilizaciones. Y seguramente también participarían en la manifestación de Bilbo junto a más de cien mil personas de todas las tendencias políticas.

«El Mundo» afirmaba en un punto editorial que «llevar las protestas al domicilio familiar de una autoridad es una presión inaceptable que la Justicia debe perseguir». Claro que sí, leña. El problema no son los desahucios, sino quienes protestan por ellos, y es que si nadie protesta, tampoco existen los desahucios. En el mismo diario, Santiago González también lo tenía claro: «Al igual que se llama impuesto revolucionario a la extorsión o piquete informativo a la coacción huelguista, podemos llamar `visitas no solicitadas' a toda esta patotada. Pero la autoridad no tiene obligación de aguantarlo, señora Cifuentes. Ni derecho a quejarse. El Gobierno tiene herramientas para restaurar la ley y la obligación de usarlas». Ya sabemos a qué herramientas se refiere, y pide que se usen contra quienes, al parecer, sí tienen obligación de aguantarlo todo.