M untazer Zaidi, periodista iraquí, aprovechó una rueda de prensa de George Bush en su país para lanzarle su zapato, al tiempo que le gritó: «Este es el beso de despedida del pueblo iraquí, perro». Aunque para la memoria colectiva quedó la capacidad de Bush para esquivar el primer proyectil, Zaidi logró arrojarle sus dos zapatos, un gesto que, en la cultura islámica, se entiende como una muestra del más absoluto desprecio. Su segundo mensaje fue: «Esto es por las viudas y por los huérfanos y por todos los asesinados en Irak». Zaidi fue apresado de forma inmediata y lo metieron en la cárcel. Primero le cayeron tres años de cárcel y, en un segundo juicio, se lo redujeron a uno, que es lo que finalmente cumplió.

Este precedente de la justicia iraquí sirve de baremo para calibrar la petición de penas que han emitido tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la propia acusación popular que ejerce Yolanda Barcina contra las tres personas que le estamparon tres tartas en la cabeza en una cumbre sobre el Tren de Alta Velocidad en Toulouse. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel para los tres «tartalaris» y la misma condena para una cuarta persona, que reivindicó la acción en una rueda de prensa, así como una multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios (2.700 euros por persona). Barcina, por su parte, quiere encerrar a tres de ellos durante seis años y a Gorka Ovejero, nueve, puesto que entiende que concurre el agravante de «prevalerse de su condición de autoridad». El motivo es que Ovejero es edil de Arruazu (114 habitantes). Las multas que solicita la acusación particular son de 3.600 euros y 5.400 para el concejal. Las cuentas son bien fáciles de hacer; «entartar» a Barcina puede salir cinco, seis o hasta nueve veces más caro que lanzarle zapatos a Bush. Más la multa.

Ayer, en una rueda de prensa, los «tartalaris» tacharon de «venganza política de Yolanda Barcina» su solicitud de pena por atentado contra la autoridad. «En un momento de debilidad política, lo que busca es un castigo ejemplarizante que calme su sed de venganza. Queda claro que para ella un buen ataque es su mejor defensa», afirmaron. Lo cierto es que, desde el primer momento, la presidenta navarra quiso que las penas fueran lo más altas posibles, aunque para conseguir esto empleara argumentos absurdos. Cuando declaró en la Audiencia Nacional, Barcina llegó a decir ante el juez que los tartazos le habían hecho daño porque el «merengue francés es más duro». Esta declaración roza el falso testimonio. El merengue francés es el más común en el Estado español y la más blanda de las variedades de merengue (china, francesa, italiana y suiza). El más «duro», en todo caso, es el suizo, que, como los demás, tan solo lleva clara de huevo y azúcar, pero al batirse al baño María adquiere algo más de consistencia.

La causa fue archivada en Toulouse

Los acusados comparecieron arropados por decenas de colectivos de Iruñea, junto a los que van a iniciar una campaña de denuncia. De forma paralela, su defensa ha presentado alegaciones contra las peticiones de la Fiscalía y Barcina. La primera se centra en que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente. El presunto delito, explican, fue cometido en el Estado francés, donde ha habido ya numerosos tartazos. Buena parte de estas acciones son fruto de la Internacional Pastelera, un movimiento impulsado por el belga Noël Godin, activista, intelectual y payaso. La pena más alta por estampar un tartazo de protesta en el Estado francés ha sido una multa de 400 euros y la víctima fue el exministro Jean-Pierre Raffarin. El único caso en todo el mundo donde un «entartador» ha acabado preso ocurrió en EEUU, tras el tartazo al alcalde de San Francisco (la pena fueron tres meses). En lo que afecta a Mugitu!, un juez de Toulouse archivó la causa y, por ello, alegan ante la AN que no se les puede juzgar dos veces por los mismos hechos.

Por otro lado, el propio Nicolas Sarkozy fue víctima de un tartazo sin que nadie acabara preso. Una norma no escrita impide a los políticos franceses llevar a los tribunales este tipo de acciones, puesto que entienden que su cargo puede generar un descontento y asumen las consecuencias. Sarkozy fue el primer político en activo que se saltó esta norma a raíz una leve agresión física en Baiona en 2012 y fue muy criticado por ello.