El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gasteiz ha condenado a Caja Laboral a devolver a un cliente los 14.800 euros con los que en 2007 compró aportaciones financieras subordinadas de Eroski al considerar que le proporcionó información «parcial, inveraz y sesgada», lo que invalida el contrato.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, subraya que el cliente, al que define como «un alevín en la práctica bancaria», es «un humilde trabajador, que pensaba que contrataba un producto para sus pequeños hijos por un plazo de cinco años y transcurrido ese tiempo quería recuperar la inversión».

El juez señala que para una «persona profana» como el demandante, la información del folleto explicativo sobre el producto era «poco clara, y su redacción confusa, incluso engañosa» y que este hecho le llevó a creer que podía recuperar su dinero, «confusión que por supuesto la entidad financiera nunca aclaró». El fallo determina que Caja Laboral «explicó muy bien las bondades del producto, en especial la rentabilidad, pero no la losa del carácter perpetuo de la inversión», situación que el magistrado define como «casarse con Eroski y la entidad financiera de por vida».

Tampoco Caja Laboral, según el juez, le dijo que «si Eroski quebraba el cliente sería de los últimos en cobrar, si es que cobraba».

El juez afirma en la sentencia que «se ha vendido un producto como un depósito seguro y de inmediata disponibilidad, extremo que no concurre con la realidad. Se ha ocultado el vocablo `perpetuidad' de la preferente», dice el juez.

Ante la sede de Bilbo de Caja Laboral, ayer mismo un grupo de afectados se concentró para «denunciar que nos han robado». Todos los miércoles acuden y empapelan las puertas de la entidad financiera cooperativa en señal de rechazo.

Por otro lado, el parlamentario de EH Bildu, Igor López de Munain solicitó ayer mismo la comparecencia del consejero de Salud y Consumo, Jon Darpón, para que explique los pasos del Gobierno de Gasteiz «para cumplir el mandato parlamentario que le instaba a combatir las prácticas económicas y financieras abusivas».

Además aclaró que la sentencia da la razón a la formación «al situar el problema en la comercialización por parte de las entidades financieras».