Ainize BUTRON

De las trescientas escuelas primarias públicas y privadas de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, solo dos pasarán a aplicar la semana escolar de cuatro días y medio desde setiembre de 2013. Tras la publicación de la reforma, que tiene como objetivos el «bienestar de los alumnos» y «la mejora de los resultados escolares», llegó la hora para las alcaldías de decidir si la aplican desde 2013 o la posponen a 2014. Y pese a que el ministro francés de Educación, Vicent Peillon, advirtiera de la importancia de aplicar el decreto lo antes posible, la mayoría de los municipios de Ipar Euskal Herria han optado para dejarlo para 2014 por razones de coste y de organización.

Las alcaldías han basado su decisión en la opinión de los consejos escolares, en los que han participado enseñantes y representantes de madres y padres de alumnos. Estos se han ido reuniendo en las últimas semanas en cada escuela y, en su mayoría, han preferido esperar un año más. «Los alcaldes no somos especialistas en temas de pedagogía», comenta al respecto el alcalde de Maule, Michel Etxebeste.

Baiona fue una de las primeras ciudades que expresó su parecer. El alcalde Jean Grenet indicó: «Esta reforma sera muy complicada de aplicar. De por sí parece anodina, pero en la realidad no lo es tanto». Para Grenet el gran freno al lanzamiento de la reforma es el coste que supone para los municipios. Un coste que no permitirá cubrir la ayuda gubernamental prevista.

Baiona cuenta con veinte escuelas primarias y/o maternales públicas, dos ikastolas y otras tantas escuelas privadas. Según los cálculos realizados por los servicios municipales, solo por las nuevas actividades extraescolares, la reforma costaría entre 266.000 y 352.000 euros por año, a los que añaden 434.000 euros para el servicio de comedor.

Bokale, por su parte, cuenta con cinco escuelas primarias y maternales. Su alcaldesa, Marie-José Espiaube, explica que la nueva organización escolar supone contratar «veintiocho personas para cubrir los tres cuartos de horas diarios de actividades extraescolares» previstas en la reforma. «Hemos lanzado un cuestionario para el conjunto de los padres de alumnos y todos han preferido esperar», subraya.

Pero esta reforma, tal y como advirtieron los sindicatos de enseñantes, pesará especialmente en los presupuestos de las zonas rurales. En Zuberoa, la mancomunidad organizó, el 5 de marzo, una reunión con el conjunto de los municipios concernidos y la mayoría voto por posponer a 2014 su aplicación.

«Por el interés de los alumnos»

Michel Etxebeste indica que, para su municipio, la reforma supondrá un coste de 38.000 a 40.000 euros, «lo que representa el 2% de su presupuesto anual». «Alguien tendrá que pagar, pero ¿quien? Los pueblos no tienen dinero como para costear ese gasto. No solo es un problema de dinero, pero también es el de decidir qué actividad extraescolar se tiene que proponer y con quién».

Según el alcalde de Maule, estos problemas seguirán vigentes en 2014, así que «tendrá que haber debates con los representantes de Educación para ver qué alternativas aportar».

No obstante, para los servicios de Educación no hay vuelta atrás. Según una encuesta, la mayoría de padres y madres de alumnos son favorables al cambio de ritmo escolar. «Es una cuestión de tiempo», indica Philippe Couturaud, inspector de la Academia en el departamento de Pirineos Atlánticos. Vistas las primeras reacciones de los alcaldes, lamenta los «miedos» que provoca este cambio: «La sociedad se ha modernizado, pero se sigue mirando demasiado al pasado. Es imprescindible refundar la escuela. No podemos seguir jugando al avestruz, porque no es positivo para nuestros niños».

Serán muy pocos los alumnos que gocen el próximo comienzo de curso de los nuevos horarios escolares. De los más de 17.000 escolarizados en las escuelas públicas de Ipar Euskal Herria, solo lo harán los 157 de las de Getaria y Ainhoa. Albert Larrousset, alcalde de Getaria, anota «el interés para los alumnos» a la hora de explicar su decisión. «Para nosotros es fácil, ya que no hay ningún centro recreativo en el municipio ni problemas de transporte escolar», señala.

Por su parte, las escuelas privadas e ikastolas están obligadas a seguir las decisiones que adopten las alcaldías. «Si aplicaran la reforma desde 2013 y el municipio no lo hubiera decidido así, no tendrían ninguna ayuda financiera», puntualiza Couturaud.