La muerte de Xabier López Peña, además de suponer una lamentable pérdida, ha sido la última muestra de las consecuencias de la política penitenciaria que los estados francés y español utilizan en sustitución de cualquier iniciativa política. Y también ha demostrado hasta qué punto de crueldad y desprecio pueden llegar los responsables de aplicarla. La dolencia de López Peña estaba diagnosticada desde hace cuatro años, por lo que la crisis que padeció cuando fue hospitalizado no fue ningún imprevisto. La reiteradamente denunciada falta de atención médica adecuada en prisión a estas alturas está más que confirmada. En este caso, a esa falta de atención ha de sumársele la actitud extremadamente cruel para con su familia, primero por no comunicarle el ingreso hospitalario de su familiar preso por una causa grave, después por los impedimentos para visitarlo y por el desprecio mostrado tanto hacia el preso como hacia la familia y, por último, por no comunicarle a esta su fallecimiento hasta doce horas después, precisamente cuando la familia acudió a visitar al preso vasco, cuyo cadáver todavía ayer sus allegados no había podido ver. Un cúmulo de actuaciones que, como su abogada denunció ayer, solo se pueden calificar de inhumanas y que debe situar la cuestión de los presos vascos en un lugar prioritario de la agenda de los políticos de este país.