Una de las labores en la que más se ha esforzado la crisis económica que nos atenaza ha consistido en desnudar la profunda ruina política que encarroña al entorno institucional en el que se encuentra atrapada Euskal Herria. Una crisis que ya se conocía, que amplios sectores sociales de este país han venido denunciando desde un tiempo que va más allá de la memoria reciente, y que, en realidad, está en el origen de la gran mayoría de los problemas con los que nos acostamos cada noche y nos desayunamos cada mañana. Difícilmente se le pueden atribuir virtudes a la crisis, sería ir demasiado lejos, pero cuando menos su violencia se ha demostrado eficaz a la hora de poner ante los ojos de la sociedad la urgente necesidad de un cambio. Radical. En lo social, en lo económico, en lo institucional y, especialmente, en lo político.

La situación es de emergencia extrema. Y no es alarmismo, es aséptica descripción de una realidad cuya crudeza sólo deja lugar para el recurso a la defensa propia. Defensa propia o «legítima defensa», que en Derecho penal se considera como la traducción jurídica del instinto de conservación, el más arraigado en la esencia humana. Defensa propia ante el impulso asesino de un sistema económico-financiero dominado por la codicia, ante los embates criminales de un sistema político corrompido en lo ético y deliberadamente desprovisto de valores democráticos, ante la opresión y represión de las legítimas aspiraciones de individuos y pueblos. Legítima defensa que alcanzará su máxima eficacia si se articula de forma organizada, afrontando en el combate diario a pie de calle, en cada desahucio, pero también profundizando en el camino de la democracia, de la soberanía, del cambio para repudiar definitivamente un sistema impuesto desde instancias políticas, sociológicas y económicas ajenas a Euskal Herria y a sus ciudadanos.

La oportunidad para afrontar cambios es evidente. Ya está en la calle, donde tiene que estar. Y desde ahí ha de crecer para configurarse en amplios acuerdos, en compromisos firmes que generen una nueva etapa que, además, cierre sin fisuras el conflicto político vivido en este país desde hace décadas.