MUERTE EN PRISIÓN DE XABIER LÓPEZ PEÑA
La familia de López Peña emprenderá medidas legales
La familia de Xabier López Peña denuncia la falta de información en la que se ha registrado el fallecimiento del preso y considera que existen numerosos puntos oscuros en todo el proceso. La abogada de López Peña, Yolanda Molina, anunció que tomarán medidas legales contra la dirección de Fleury-Mérogis, la Prefectura de París y el centro hospitalario por el trato «denigrante» al que se ha visto sometida la familia y por las circunstancias de la muerte.
Martxelo DÍAZ | BAIONA
La familia de Xabier López Peña denunció ayer la ocultación de información sobre el estado en el que se encontraba su allegado desde que fue hospitalizado el 11 de marzo, así como el trato recibido por las autoridades francesas en este periodo. Su abogada, Yolanda Molina, avanzó que presentarán una denuncia por estos hechos contra la Administración penitenciaria, la judicial y la hospitalaria.
En una emotiva comparecencia que tuvo lugar en Baiona, Molina, que no pudo contener el llanto en varios momentos, explicó que la dirección de la cárcel de Fleury-Mérogis no informó a la familia de que López Peña fue trasladado al hospital de Corbeille. Fueron sus compañeros de módulo los que alertaron, una semana después, de que no se encontraba en la cárcel y que desconocían dónde se hallaba.
A partir de ese momento, relató la letrada, comenzó una frenética actividad a través del teléfono, el fax y el correo electrónico para tratar de localizar al preso basauritarra, que no fue hospitalizado de urgencia al sufrir un infarto, sino para ser sometido a unas pruebas para determinar si su dolencia cardiaca debía ser tratada con un stent o era preciso un bypass.
Hasta una semana después, el 18 de marzo, la familia no pudo saber que estaba ingresado en el hospital parisino de Pitié-Salpêtrière. Al día siguiente, la abogada y los familiares acudieron a ese centro -«que es inmenso, una pequeña ciudad», precisaron- para tratar de localizar al preso, pero se encontraron con el mismo «muro de silencio, incomprensión y desprecio». Los responsables del hospital se lavaron las manos señalando que la responsabilidad era de la Prefectura de París, a la que también acudieron. De vuelta en el hospital Pitié-Salpêtrière, recorrieron todo el centro en busca de su familiar «piso por piso, habitación por habitación». Finalmente, una enfermera les informó de su ubicación, pero la familia no pudo verle, solo su abogada. «Le vi muy mal, estaba muy mal», describió Molina en la comparecencia de ayer.
«Han actuado como alimañas, nos han tratado como a perros», enfatizó la abogada, que reveló que el fiscal encargado del caso de López Peña le comunicó personalmente que «no estaba dispuesto a perder más de su preciado tiempo por un asesino».
Finalmente, la familia logró permiso para visitarle en las dependencias penitenciarias de Pitié-Salpêtrière y se encontró con el hecho de que había fallecido trece horas antes y nadie se lo había comunicado.
Con la muerte, el laberinto burocrático no se relajó, ya que a día de ayer la familia no había podido ver el cuerpo. Esperan hacerlo hoy, para lo que se han desplazado a París. Asimismo, se impidió que un médico de confianza asistiera a la práctica de la autopsia.
«Nos tememos lo peor, cualquier cosa», prosiguió Molina, que no entendía cómo López Peña fue trasladado al recinto penitenciario de Pitié-Salpêtrière a pesar de haber sufrido una hemorragia cerebral, cuando su estado requería que estuviera ingresado en el área de cuidados intensivos del centro. Y comentó que los médicos no fueron capaces de explicar su muerte.
La abogada recordó que todas las solicitudes de puesta en libertad para que pudiera recibir un tratamiento de recuperación tras su dolencia también habían caído en saco roto.
«Su compañera Ainhoa Ozaeta me dijo que no iban a permitir que Xabier saliera vivo y, lamentablemente, tengo que darle la razón», indicó.
Perspectiva médica
El ingreso en el área penitenciaria de Pitié-Salpêtrière tras sufrir la hemorragia cerebral también fue calificado como extraño por la doctora Itsaso Idoiaga, integrante de Jaiki Hadi, que destacó que el lugar adecuado hubiera sido el área de cuidados intensivos.
También mostró su preocupación por que se hubiera optado por el stent para tratar la oclusión cardiaca que padecía López Peña, por ser un tratamiento más barato y rápido que el bypass, que es más efectivo y adecuado. «Es algo que suele suceder en el caso de los presos vascos», añadió Idoiaga, que recordó que facultativos de esa asociación llevan treinta años trabajando en las cárceles y que en este periodo las condiciones sanitarias no han mejorado. Recordó también que a López Peña se le diagnosticó su dolencia cardiaca en diciembre de 2009.
En nombre de Etxerat, Nagore López de Luzuriaga y Muriel Lucantis calificaron de intolerable lo sucedido con la familia y reclamaron que se esclarezcan los hechos.
Reiteraron que llevan años denunciando la política penitenciaria de los estados español y francés, y que siempre han recibido silencio y desprecio por parte de Madrid y París.
Ambas subrayaron que el alargamiento de condenas, las penosas condiciones y las medidas de excepción agravan las dolencias, por lo que reclamaron la liberación inmediata de los presos con enfermedades graves. «La condena a prisión ha pasado a ser una condena a muerte, y la dispersión es parte fundamental de ese plan», manifestaron.
En nombre de Herrira, Garbiñe Eraso y Nagore García insistieron en la necesidad de acabar con la política penitenciaria de excepción y recordaron que esta demanda es plenamente asumida por la sociedad vasca, como quedó de manifiesto en las masivas movilizaciones de Baiona y Bilbo.
La familia no recibió el permiso para visitar a López Peña en Pitié-Salpêtrière hasta trece horas después de que hubiera fallecido.
Cientos de personas se manifestaron ayer en Galdakao, localidad de López Peña, para denunciar su muerte. Una pancarta con el lema «Xabier espetxe politikak erahila. Aski da. Etxera» encabezó la marcha convocada por Herrira.
Herrira anunció que convocará más movilizaciones para denunciar la última muerte en la cárcel. Cinco de ellas tendrán lugar el viernes en Baiona, Donibane Garazi, Maule, Donibane Lohizune y Hazparne.
Etxerat destacó que la muerte de Xabier López Peña se ha registrado escasos días después de la de Ángel Figueroa: «Entonces eran dieciséis los muertos en prisión y otros nueve poco después de salir. Ahora tenemos un muerto más».
El Ministerio del Interior español ha remitido a la Fiscalía las declaraciones realizadas durante el pasado fin de semana por el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, y el coordinador de Aralar y parlamentario, Patxi Zabaleta, según informó Europa Press citando fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy. Barrena se refirió a la muerte de Xabier López Peña y Zabaleta atribuyó motivación política a los militantes de ETA.
Barrena realizó unas declaraciones al comienzo de la manifestación del Aberri Eguna organizada por Independentistak y señaló que la muerte de López Peña es «consecuencia de la actitud de los estados español y francés, que niegan cualquier tipo de solución al conflicto vasco».
Junto a ello, el portavoz de Sortu comentó que «en estos momentos estos dos estados están en la posición de dilatar `sine die' la agenda de soluciones para este país» y recordó que López Peña ha sufrido la dispersión, encarcelado a más de mil kilómetros de su lugar de residencia, condiciones deplorables en lo que se refiere al tratamiento que debía recibir y el aislamiento.
Al ser preguntado por los periodistas por el comunicado hecho público por ETA el martes y por las «consecuencias negativas» que se mencionaban en el mismo, respondió que «las consecuencias negativas ya las estamos viendo», citando la muerte de López Peña como una de ellas.
Zabaleta, por su parte, afirmó en una entrevista en Radio Euskadi que los militantes de ETA «no son lo mismo que los mercenarios de los GAL, ya que han luchado por sus convicciones», y también reclamó la liberación de «todos los presos de conciencia que han sido juzgados en una jurisdicción de excepción».
La misma citada añadió que el Ministerio del Interior estaba preparando la documentación necesaria para ser remitida a la Fiscalía en relación a unos carteles firmados por Sortu que pudieron verse en el Aberri Eguna de Iruñea y en los que aparecía la imagen de López Peña.
Horas antes de que se hiciera pública la iniciativa de Interior, asociaciones de jueces, fiscales y policías reclamaron que se castigasen las declaraciones de Barrena y los carteles de Sortu asegurando que pueden constituir un delito de «enaltecimiento del terrorismo».
La AVT y Dignidad y Justicia, por ejemplo, señalaron que los carteles firmados por Sortu eran «un motivo más para iniciar cuanto antes la ilegalización» de este partido político.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, pidió a la Fiscalía y a los jueces que valoren la actuación de Sortu y Barrena. «Es necesario que la democracia se muestre activa frente a esa radicalidad y ese descaro antidemocrático del mundo de Batasuna que viene a desmentir tanto maquillaje como se ha querido utilizar», señaló.
No obstante, el dirigente del PP no quiso entrar a calificar las palabras de Barrena al ser preguntado si cree que se trataría de un «delito de enaltecimiento del terrorismo» o si considera que es un elemento a tener en cuenta en una posible ilegalización de la formación abertzale. GARA
Etxerat recordó que en marzo denunció la situación de Ibon Fernández Iradi, ya que han pasado dos años hasta ser diagnosticado de esclerosis múltiple. Semanas antes informó de que Jon Bienzobas estuvo a punto de desangrarse en Saint-Maur.
