Pocos son los que ponen en cuestión que el príncipe español, agasajado por una amplia representación institucional y empresarial vasca, participe hoy en la inauguración oficial de una instalación cuyas licencias municipales de obra y actividad en Abanto y Muskiz han sido anuladas en sendas sentencias judiciales. Los que lo cuestionan, como lo vienen haciendo desde hace años en distintos foros, son los vecinos que Meatzaldea que ayer volvieron a concentrarse frente a la Casa de Cultura muskiztarra para denunciar la «ilegalidad» del proyecto que PNV, PSE y PP defienden contra viento y marea.

Para los opositores, la actitud de Petronor es la de la «imposición», como lo fue en pleno franquismo autorizar la instalación de una refinería en una zona de marismas del Barbadun.

Precisamente, la planta de coque, denominada Unidad de Reducción de Fueloil (URF), ha venido a ampliar sustancialmente el complejo petroquímico ubicado en esta parte de la costa de Bizkaia.

Resulta curioso, por tanto, la reacción que ha suscitado en diversos círculos políticos y mediáticos el anuncio de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el diputado generales de Bizkaia, José Luis Bilbao, no encabezarán la representación autonómica y foral en el alto oficial, al que sí acudirán otros responsables institucionales del PNV.

Entre las insólitas reacciones destacó la del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, que instó a ambos representantes jeltzales a que «rectifiquen» y se sumen a la corte que encabezará Felipe de Borbón. A través de su blog personal, Urquijo manifestó que «un desaire de este calado no puede despacharse con la manida disculpa de `problemas de agenda'».