El «caso CAN» ha acorralado a los máximos dirigentes de Nafarroa y de UPN de los últimos 17 años. La juez María Paz Benito imputó ayer por un presunto delito de cohecho a todos los miembros de la Permanente de Caja Navarra, salvo a Yolanda Barcina. La juez no puede incluir a la actual presidenta y exalcaldesa de Iruñea, dado que por su condición de aforada solo puede ser juzgada por el Tribunal Supremo. De esta forma, Miguel Sanz (presidente de Nafarroa de 1996 a 2011), Álvaro Miranda (consejero de Economía y vicepresidente entre 2007 y 2012) y Enrique Maya (alcalde de Iruñea) tendrán que declarar entre el 12 y el 16 de abril ante la juez navarra.

La imputación supone un duro golpe para UPN, que hasta hace un año se jactaba de no tener un solo imputado en sus listas. La propia Barcina prometió el mes pasado que la imputación supondría una expulsión inmediata del partido. Aun así, la formación cerró filas ayer en torno a su cúpula. UPN transmitió su «máximo apoyo» a los tres imputados «en la seguridad de que su actuación se ha desarrollado siempre de manera honrada y en el marco de respeto y cumplimiento a la legalidad».

Pese a todo, la última palabra la tiene el Comité de Garantías del partido, que puede actuar suspender de militancia a Miranda, Barcina, Maya o Sanz a instancia de cualquier afiliado. Hace dos semanas, las bases renovaron a Barcina como presidenta de UPN. Por otro lado, Maya y Sanz forman parte del máximo órgano de dirección, el Comité Ejecutivo.

La providencia dictada ayer por la juez Benito es muy escueta. No cita expresamente el delito, pero lo que actualmente se está investigando es un presunto cohecho. La Permanente de CAN es un órgano del que cobraron los cuatro líderes de UPN entre 2010 y 2012. No tenía base legal y carecía de funciones prácticas más allá de la percepción de dietas por parte de los asistentes. En sí mismo, el cobro de dietas no constituye cohecho. Este delito implica la aceptación de una dádiva (o soborno) a cambio de ejecutar o no ejecutar una determinada acción. En el caso que afecta a los cuatro de la Permanente la «acción» es no inspeccionar a Caja Navarra en doce años.

La inspecciones son la clave

La inspección a Caja Navarra era no solo una obligación del Gobierno navarro, sino también una competencia exclusiva. Es decir, si el Ejecutivo no realizaba inspecciones estaba garantizado que nadie más las llevaría a cabo. El único con atribuciones similares era el Banco de España, pero solo estaba capacitado para realizar la «alta inspección», más superficial que la ordinaria, que es la que estaba atribuida en exclusiva al Gobierno de Nafarroa. El Banco de España inspeccionó a CAN en 2004 y el informe resultó bastante crítico.

En este punto, UPN opta por negar la mayor. En su nota de apoyo a los imputados, afirma que «tiene constatado que la competencia inspectora sobre Caja Navarra siempre estuvo delegada en el Banco de España». Esto va en contradicción con los propios estatutos de la Caja, con las notas del Banco de España y con lo que sostiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

Todo apunta a que la juez va a centrarse en estas primeras citaciones en el cobro de dietas. La primera declaración será la del expresidente. Según los primeros testimonios recabados por la juez (a los secretarios que redactaron las actas de las reuniones) la Permanente fue idea de Sanz. El político corellano ejerció de presidente de la Permanente hasta que abandonó la política. Esto implica que fue él quien convocó las seis primeras reuniones de la Permanente.

Sanz fue sustituido por Barcina tanto en la Presidencia navarra como en la Presidencia de la Permanente (puesto que ambos cargos estaban vinculados). Barcina, por tanto, convocó las dos últimas reuniones (o cuatro, porque cada día se levantaban dos actas y se cobraba el doble). Las reuniones convocadas por la actual presidenta son las más escandalosas, puesto que hubo encuentros de solo media hora, lo que le permitió a Barcina embolsarse 89 euros por minuto y, al resto, ganar 57 euros por minuto (casi un euro por segundo).

Todos los miembros de la Permanente se comprometieron a devolver el dinero tras estallar el escándalo. Esta devolución les ha cubierto las espaldas de cara al actual proceso penal, dado que la devolución puede ser esgrimida como un atenuante de «reparación del daño», en caso de ser encontrados culpables.

De otra parte, en la providencia de ayer -además de fijar las citaciones de Sanz (día 12), Miranda (día 15) y Maya (día 16)- la juez solicita al Departamento de Economía y Hacienda «las autorizaciones que existan en relación al cobro de dietas por asistencia y desplazamiento, y condiciones en su caso para percibirlas». Lo que Benito quiere verificar es de qué modo pudieron ser compatibles sus salarios públicos con las dietas de CAN.

Debilidad, escándalo, abuso

La posición de Barcina, que se sostiene en el Gobierno con 19 parlamentarios de 50, ha estado cuestionada desde que rompió el Gobierno de coalición con el PSN. Desde entonces, los llamamientos a que convoque elecciones han sido constantes. Primero, se pidió su marcha por su debilidad e incapacidad para sacar adelante los Presupuestos. Posteriormente, a raíz del escándalo de las dietas se solicitó su dimisión por haber cobrado de un organismo opaco y por haber participado en una compra exclusiva de oficinas.

Tras superar por la mínima el enfrentamiento interno de su partido, su ausencia entre las imputaciones conocidas ayer ponen de relevancia que el cargo le está sirviendo de parapeto y la Presidencia de Navarra no está para eso.