No hay día en el que no encontremos un titular de prensa relacionado con Lanbide, y es que no en vano el servicio vasco de empleo se ha convertido en el servicio público de la CAV que mayor número de quejas ha generado ante el Ararteko y el que peor opinión pública recibe. «Caos» es una de la palabras con las que se describe la gestión de este ente autonómico, fundamentalmente tras el traspaso a Lanbide en diciembre de 2011 de la competencia de la Renta de Garantía de Ingresos. Paradójicamente, el servicio que con mayor eficacia debería hacer frente a la actual coyuntura económica y social, con unas tasas de desempleo abrumadoras e incipientes situaciones de pobreza extrema es el servicio que, a vista de la opinión pública, peor gestión está realizando.

Como ocurre en otras muchas ocasiones, este mal funcionamiento, a pesar de tener su origen en quien tiene la responsabilidad de organizar su gestión, es achacado al colectivo de trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor de cara al público y se convierten, sin serlo, en el rostro de la administración. Sin embargo, poco se conoce sobre la situación de quienes trabajamos para y en nombre de Lanbide, situación que dista bastante de lo que la gran mayoría pudiera imaginar.

En el caso de Lanbitel, plataforma telefónica de Lanbide, nos encontramos ante un servicio subcontratado por la Administración y que desde marzo del año pasado es gestionado por Tissat, empresa de la Comunicad Valenciana de la cual un 37% pertenece a la Generalitat y que con la adjudicación de este concurso obtuvo su primera oportunidad de iniciar negocio en la CAV.

La historia se repite y Lanbide adjudica la gestión de un servicio público a una empresa privada, desentendiéndose de manera absoluta de las condiciones laborales de la plantilla que en su nombre trabaja. Lo primero que hizo Tissat fue cambiarnos la categoría laboral y en estos momentos trabajamos bajo el convenio de telemarketing, que en absoluto se corresponde con las labores de gestión que realizamos, ya que de nuestra plataforma depende la responsabilidad, entre otras, de la gestión de la demanda de empleo y la comprobación de disponibilidad de las ofertas. Ya que estas labores se corresponden más con la de administración que con las de teleoperadores, y que la aplicación del convenio de contact center suponía una notable diferencia salarial, la empresa optó por mantener nuestro sueldo mediante complementos salariales. Esta decisión se tomó tras conversaciones con la empresa, que en todo momento se comprometió a mantener e incluso a mejorar las condiciones.

Sin embargo, sin transcurrir un año desde este compromiso, Tissat ha comunicado su intención de llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones laborales, tiempo en el que nuestro trabajo y la presión bajo la que trabajamos se han visto desbordados. Tras el fracaso de las negociaciones con la mesa social, la empresa ha decidido llevar a cabo una reducción salarial de más del 14%, que en nuestro caso supone percibir sueldos en torno a los 800 euros brutos. Cifras que evidencian que los salarios que percibimos ya son bastante ajustados.

Los motivos para esta reducción son los mismos que otras muchas empresas están alegando para llevar a cabo medidas de este y otro tipo y en el caso de Tissat, los problemas que afronta la empresa al parecer vendrían de tres años atrás. En este contexto, nos surgen varias preguntas. Si la empresa tenía problemas económicos, ¿por qué decide presentarse a un concurso como el de Lanbide si no va a poder afrontarlo? ¿Qué garantías le exigió Lanbide a Tissat de cara a la viabilidad del proyecto? Tenemos la certeza de que el Gobierno Vasco está abonando las facturas correspondientes a nuestros salarios en el plazo y las condiciones establecidas. Por lo tanto, si Lanbide paga a Tissat, ¿por qué Tissat no puede pagar a la plantilla?

Ya que no obtenemos respuesta a estas cuestiones, y a la vista de qué administraciones son los clientes más importantes de Tissat, nos resulta inevitable pensar que el dinero que el Gobierno Vasco abona a Tissat no tiene como único objetivo cubrir los gastos de personal y que ese dinero bien pudiera servir para cubrir las deudas que, por ejemplo, la Generalitat Valenciana pudiera haber generado. Mientras no se nos dé respuestas a nuestras preguntas y no se justifique la medida que han decidido adoptar, tenemos la absoluta legitimidad para llegar a estas conclusiones.

Estas conclusiones, la situación que vivimos desde hace meses en Lanbitel y el desinterés mostrado por Lanbide nos llevan a convocar una serie de movilizaciones con el objetivo de dar a conocer nuestra situación y con el firme propósito de abrir una vía de diálogo con la Administración para la que llevamos años trabajando.