La Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando un atestado remitido por la Brigada de Información de la Policía relativo a las manifestaciones realizadas el pasado 16 de marzo por el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, en torno al carácter político del conflicto y de algunos presos, en relación a lo dicho en días precedentes en el Parlamento de Gasteiz por Laura Mintegi. Por su parte, también se ha abierto una investigación en la Fiscalía del Tribunal Superior de Nafarroa, sobre las palabras dichas por el coordinador general de Aralar y parlamentario navarro, Patxi Zabaleta, en una entrevista en Radio Euskadi.

Ambas diligencias son previas a la respuesta dada a la muerte del preso Xabier López Peña, sobre lo que el Ministerio de Interior está preparando otro atestado que podría sumarse a la investigación en curso contra Pernando Barrena.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, amenazó ayer con que «quien hable de presos políticos o de muertes políticas puede incurrir en un delito». En declaraciones a los periodistas durante la entrega del II Premio "Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia" de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), aseguró que «en España no hay presos políticos» y «los etarras son asesinos».

En palabras del ministro, «es una ofensa absoluta hablar de presos políticos cuando estamos hablando de vulgares terroristas. Cada vez que ellos hablen de presos políticos hay que recordarles que en España no hay presos políticos, que España es una democracia, y lo que hay son presos terroristas cumpliendo sus condenas».

Sortu y Aralar

Tanto Sortu como Aralar salieron ayer al paso de los intentos de criminalización contra sus dirigentes Pernando Barrena y Patxi Zabaleta

A través de una nota, Sortu sostiene que se trata de una «maniobra de distracción» del Ministerio del Interior para «desviar la atención de los numerosos interrogantes que deja la muerte de Xabier López Peña». A su entender, «el PP, a golpe de amenaza de imputación, pretende rehuir de su responsabilidad directa en las consecuencias de la inhumana y criminal política penitenciaria que los gobiernos español y francés aplican a los presos políticos vascos».

Aralar mostró toda su solidaridad a Patxi Zabaleta, recordando que lo dicho se enmarca «dentro de los principios e ideología política fundacional del partido, y que la tesis política-ideológica sobre el carácter de los presos políticos que argumentó el coordinador general la hemos defendido siempre tanto en público como en privado».

Esta formación política asegura no entender «por qué ahora, cuando las oportunidades para la construcción de la paz y la convivencia son las más apropiadas de los últimos años, ha surgido un debate político y mediático de esta envergadura ante unas declaraciones».

Lo que dijeron

El pasado 16 de marzo, preguntado por el revuelo formado en torno a palabras de Laura Mintegi en el Parlamento de Gasteiz, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, dijo que los delitos cometidos por estos presos vascos son «de clara motivación política»

Barrena recordó que él mismo ha sido «un preso político durante dos años» y que en este momento se encuentra «incurso en una actuación de la Audiencia Nacional», que calificó de «persecución y de clara motivación política y con riesgo de volver a ser preso político en cuanto haya una sentencia».

Añadió que «seguiremos hablando de un conflicto de naturaleza política que necesita del diálogo en clave política para alcanzar acuerdos que permitan normalizar política y socialmente esta sociedad, entre otros la situación del colectivo de presos políticos».

Al coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, la Fiscalía le persigue por hacer suyas las afirmaciones de la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz y añadir que no son lo mismo «los mercenarios de los GAL que los que han luchado por sus convicciones». Zabaleta realizó estas declaraciones en una entrevista en Radio Euskadi. El coordinador de Aralar es parlamentario navarro y por eso su causa la lleva el fiscal jefe del TSJN.

El Fiscal jefe del TSJPV, por su parte, pidió la transcripción de lo dicho por Laura Mintegi, por si era constitutivo de delito.