Por definición, ningún estado reconoce la existencia de presos políticos en sus cárceles. No lo hizo Sudáfrica con Nelson Mandela y sus compañeros de militancia armada, ni lo hace el Gobierno turco con sus prisioneros del PKK. Son todos siempre criminales miembros de organizaciones terroristas. Baste recordar como último ejemplo la airada carta que la embajadora de Turquía en Madrid remitió al Parlamento de Gasteiz recordando que «el PKK es una organización terrorista y como tal es reconocida por la UE y los EEUU», y que «el Gobierno turco continuará su lucha contra el PKK con determinación».

Sin embargo, como la distancia kilométrica ofrece otra perspectiva, en el Parlamento de Gasteiz hubo quien el pasado 5 de marzo se atrevió a hablar del PKK como «representación kurda», haciendo «un llamamiento a ambas partes para que sigan buscando vías de diálogo y negociación, con el fin de alcanzar una solución justa, pacífica y democrática a la violencia que, durante tantos años, ha padecido esa región». Y añadió un ejemplo contundente para dar autoridad a sus palabras: «Fíjese usted, el propio Abdullah Oçalan está dentro [del diálogo]. Alguien que ha sido condenado a muerte, conmutada por la cadena perpetua, una persona que ha sido [anótese la referencia en pasado] un terrorista internacional. Pues bueno, ahí está, el proceso. Es uno de los referentes».

Referirse al PKK como «representación kurda» («sin revelar su verdadera naturaleza terrorista», que exigía la embajadora en Madrid) y a Abdullah Oçalan como «uno de sus referentes»... Si al parlamentario que así habló lo pillan en Turquía, seguro que le aplican «la política antiterrorista con pleno respeto al imperio de la ley» que definía la Embajada turca. De buena se libró Carmelo Barrio, portavoz del PP, por estar en Gasteiz y no en Ankara.