El abandono definitivo de la actividad armada por parte de ETA, que dicha organización hizo público el 20 de octubre de 2011, favoreció el giro estratégico de la izquierda abertzale, que permitió a esta superar la maniobra de cerco y aniquilamiento a que el Estado español la venía sometiendo y, al mismo tiempo, hizo posible que dicho sector pudiera impulsar una política de acumulación de fuerzas democráticas y soberanistas, mediante el establecimiento de alianzas con otras fuerzas políticas (EA, Alternativa y Aralar).

La nueva situación política ha llevado a la izquierda abertzale a irrumpir con fuerza en el panorama electoral, logrando una importante presencia institucional, tanto en ayuntamientos y diputaciones, como en el parlamento foral navarro o, incluso, en el parlamento español. Por último, el Congreso constitutivo de Sortu, que se celebró el pasado 23 de febrero en Iruñea ha supuesto que, después de toda una década de prohibiciones y de ilegalización, la izquierda abertzale pueda contar de nuevo con una expresión organizativa propia.

Hay que añadir que esta nueva situación política se está desarrollando en un contexto marcado por la profunda crisis económica que afecta con especial dureza a algunos Estados de la periferia de la Unión Europea, entre los que se encuentra el español y que, por ello, también se está dejando sentir con fuerza en el sur de Euskal Herria.

La sensación de que la economía vasca podría desarrollarse con menos dificultades si no estuviese vinculada a la española crece de día en día entre sectores cada vez más amplios de la población de la CAPV y se evidencia muy especialmente entre las capas media y baja de la pequeña burguesía que se ven asfixiadas por la crisis y abocadas a la proletarización.

De esta manera, en el contexto de la crisis económica capitalista y, en buena medida, como consecuencia de ella, el derecho de Autodeterminación ha pasado a un primer plano y con ello también se ha puesto sobre la mesa la cuestión del Estado vasco.

También está contribuyendo a ello el creciente descrédito del actual sistema político español y de los partidos que se alternan en el gobierno, como consecuencia de los escándalos, cada vez más frecuentes en que estos se ven involucrados. Lo cual está produciendo una creciente deslegitimación de la «democracia» española.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta las situaciones que se están dando en varios países de Europa. En primer lugar, tenemos el caso de Escocia, donde el gobierno autónomo pretende convocar un referéndum sobre la independencia para el 18 de septiembre de 2014, para lo que ya ha llegado a un acuerdo con el gobierno británico.

Así mismo, está el proceso de autodeterminación que se ha iniciado en Groenlandia, de cara a su posible separación de Dinamarca (en noviembre de 2008 el 75,5% de los groenlandeses votó a favor de un estatuto de autonomía que les reconoce el derecho de Autodeterminación y que abre la vía hacia la independencia).

Y, por último, la crisis que desde hace años viene atravesando Bélgica que amenaza con dividir el país en sus dos comunidades, la flamenca y la valona, y que puede dar lugar a la secesión del actual Estado belga.

Hay que decir que estos procesos se están desarrollando en Estados miembros de la UE y están sentando un precedente importante de cara a la lucha de nuestro pueblo por la autodeterminación. Por ello, desde Euskal Herria se siguen con gran atención.

Todo lo que hasta aquí hemos apuntado hace que se vaya abriendo paso, cada vez con más fuerza, la idea de que Euskal Herria necesita un Estado propio, como expresión y garantía de la soberanía nacional. Pero, ahora debemos matizar algunas cuestiones relacionadas con esto.

Cuando hablamos de soberanía, nos estamos refiriendo a que el Estado vasco habría de tener una capacidad real y efectiva para dotarse de los instrumentos políticos, sociales y económicos necesarios para desarrollar las políticas públicas que mejor correspondan, en cada momento, a las necesidades de nuestra sociedad y, muy especialmente, de las clases y capas populares. Y esto sólo será posible con una soberanía plena.

Sin embargo, algunos sectores sostienen que un Estado vasco que accediese a la independencia, debería estar integrado en la UE. Quienes defienden esta postura, no tienen en cuenta que la pertenencia a la UE supondría sólo una independencia meramente formal, pues de hecho, aquella constituye un auténtico «corsé de hierro» para cualquier Estado miembro que pretenda no ya emprender un proceso de transformación socialista, sino tan siquiera abordar con decisión los problemas económicos y sociales más acuciantes (paro y exclusión social; acceso a la sanidad, vivienda y educación, para los sectores populares; lucha contra la corrupción política, el fraude fiscal y la especulación financiera; etc.). Esto es así porque los Estados miembros de la UE carecen de la soberanía necesaria para disponer de los instrumentos económico-financieros apropiados y desarrollar las políticas económicas oportunas para el logro de esos fines.

Por ejemplo, los Estados miembros de la UE pertenecientes a la eurozona, al poseer una moneda común, no pueden llevar a cabo una política económica propia en el terreno monetario (que incluiría desde la emisión de moneda y la determinación de la masa monetaria y de la cantidad de moneda en circulación, al establecimiento de las garantías de depósito bancario, la fijación del tipo de cambio, etc.) ya que esta la establece el BCE. Igualmente, los Estados miembros de la UE tampoco pueden desarrollar una política de fijación de precios en los productos estratégicos, ni utilizar mecanismos de regulación de la producción, ya que ello supondría una práctica contraria al «libre mercado».

Además, desde la UE se imponen a los Estados miembros una serie de restricciones (control de la inflación, límite del déficit presupuestario al 3% del PIB, y de la deuda pública al 60% del PIB; prohibición de las «ayudas de Estado», etc.) que impiden que cualquier Estado miembro pueda desarrollar una política económica autónoma.

Este control y fiscalización por parte de la UE se ha puesto de manifiesto con la mayor nitidez en el caso de los «rescates bancarios» y de la «crisis de la deuda soberana» en Irlanda, Portugal, Grecia y más recientemente en el Estado español. La UE o mejor dicho la gran burguesía financiera (con el apoyo del BCE, la Comisión Europea y el FMI), imponen unos «planes de ajuste» salvajes a todos estos países. Unos planes que incluyen el recorte de las prestaciones por desempleo, la congelación de pensiones y el retraso en la edad de jubilación, la reducción de los fondos de ayudas sociales, la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos, el abaratamiento de los despidos, la subida de los impuestos, etc., etc. Este intervencionismo ha adquirido un carácter más sangrante con ocasión de la actual crisis financiera de Chipre.

En definitiva que un Estado vasco que estuviese integrado en la UE no dispondría de todos los instrumentos económico-financieros necesarios para desarrollar una política económica propia y, en la práctica, solo le quedaría uno muy limitado que es el de la fiscalidad. Lo cual nos lleva a pensar que un Estado de ese tipo solo serviría a los intereses de la burguesía vasca pero, en ningún caso a los del pueblo trabajador.

Finalmente, hay que decir que el pueblo trabajador y, especialmente, la clase obrera vasca, también necesita que ese Estado del que venimos hablando, además de realizar las funciones indicadas más arriba, sea un instrumento para la construcción nacional y la transformación social. Y para eso, no servirá cualquier tipo de Estado. Es preciso que su esencia, su carácter de clase, sea cualitativamente diferente. Y un Estado de esa naturaleza, un Estado Socialista Vasco, no tendría cabida en la UE actual, en la Europa del capital financiero y las multinacionales, en la Europa imperialista.