Cuando Franco quiso dar a su gobierno una pátina de modernidad y de eficacia en la gestión se rodeó de tecnócratas. Gente aparentemente independiente, aunque muchos de ellos eran miembros de la misma secta y a quienes se suponía elegidos, pura y simplemente, por sus capacidades profesionales. Ahora que los neofranquistas han reconquistado el poder por la vía de los votos, es la hora de los abogados del Estado y los registradores.

La vicepresidenta Sáez de Santamaría, abogada del Estado, está rodeada por varios de sus compañeros de profesión y hasta de promoción, y el gobierno lo preside el registrador de la propiedad de una plaza tan suculenta a efectos económicos como Santa Pola. A su vez, el ministro de Justicia tiene entre sus familiares a mas de un registrador. Pues bien, es precisamente ese ministerio, el de justicia el que ha presentado un proyecto de ley de reforma integral de los registros, que supone, por un lado la privatización de algunos, como el registro civil, hasta ahora publico y gratuito para el ciudadano, algo que dejará de serlo al dejar en manos de los registradores todos los registros administrativos, lo que supone un aumento exponencial de las ganancias de este reducido colectivo que, según dicen, tuvo una media de ganancia en la ultima década, próxima al millón de euros por cabeza. El proyecto supone, además, entregarles en bandeja una parcela de poder, pues todo el mundo se ve obligado a recurrir a los diversos registros en algún momento de su vida. Así que, hay quien detrás de toda esta maniobra de la reforma integral ve la larga mano del lobby de los registradores.

Pero no es ese el único aspecto que llama la atención en la reforma, y así, por ejemplo, se introduce un examen o test de aptitud para quienes soliciten la nacionalidad española, que no se si serán muchos tal como van las cosas.

Aunque no se sabe aún en que consistirá, porque se prevé la concreción por vía reglamentaria, si se dice que servirá para acreditar el conocimiento del español y la integración del solicitante en la sociedad española. Es decir, que se considera imprescindible el conocimiento del idioma.

Y a quienes vivimos en Euskal Herria nos parece sorprendente que introduzcan una medida como esta, los mismos que se oponen a que el conocimiento del euskara sea imprescindible para el ejercicio de la función publica, sea en una venta- nilla o en un servicio medico publico, o en cualquier otro cometido. ¿Cuántas veces hemos tenido que oír que es absurdo y anticonstitucional exigir a los médicos que sepan comunicarse en el idioma oficial con sus pacientes? «Lo importante, dicen, es que el medico cure, sea en el idioma que sea», aunque no se acierta a comprender qué puede curar alguien incapaz de entender lo que le pasa a su paciente. Eso, cuando se trata de saber euskara para trabajar en la función publica.

Pero en cambio, si se exigirá saber español, aunque sea para trabajar de mimo.