El juez Castro, blanco de las críticas, suspende la declaración de la infanta
El juez instructor del «caso Nóos», José Castro, suspendió la comparecencia de la infanta Cristina de Borbón para el día 27 después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera su auto de imputación contra la hija del rey español y acusara al magistrado de buscar «expectativas personales» y de basar su resolución en «sospechas personales, deformando el procedimiento judicial». Si la Audiencia Provincial de Palma estima el recurso, Cristina de Borbón dejaría de estar imputada.
GARA |
Cristina de Borbón no prestará declaración el próximo día 27 en los Juzgados de Palma por el «caso Nóos» después de que el juez instructor, José Castro, haya suspendido su comparecencia a raíz del recurso presentado ayer por la Fiscalía Anticorrupción.
Castro debe remitir ahora a la Audiencia Provincial de Palma el recurso del fiscal para que decida si finalmente la hija del rey español debe declarar en esta causa como imputada o no, tal y como defiende el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach.
En caso de que se desestime el recurso de la Fiscalía, el juez Castro fijará un nuevo día y hora para la comparecencia en los juzgados de la capital balear de la infanta, a la que defenderá el abogado Miquel Roca.
Horrach acudió ayer personalmente al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para presentar al magistrado el recurso de apelación de veinte páginas en el que solicita la revocación del auto que imputa a Cristina de Borbón.
En su opinión, los indicios de cooperación o complicidad que apuntó el juez Castro para justificar la citación de la hija del rey son meras «sospechas personale» o circunstancias «inocuas, inconsistentes, equívocas o especulativas», de manera que, a su juicio, imputarla por «hechos que a priori no presentan rasgos delictivos supone, cuando menos, un trato discriminatorio».
Sostiene que nada ha cambiado en la situación procesal de la infanta desde que el juez y la Audiencia de Palma rechazaran en 2012 imputarla en esta causa que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.
El fiscal critica la actuación del juez Castro, a quien acusa de «ajustar el procedimiento judicial a expectativas o sospechas personales, deformando la búsqueda de la verdad material».
Le reprocha también que en su auto no realice una «valoración incriminatoria concreta» ni explicite qué norma del Código Penal ha infringido presuntamente la infanta.
Para la Fiscalía, los únicos hechos incuestionables sobre Cristina de Borbón que se ha podido extraer de la investigación es que figuraba como vocal del Instituto Nóos, que su nombre aparecía en el folleto publicitario de la entidad y que tenía un 50% de participación en la empresa Aizoon.
Descarta que ejerciera una «influencia delictiva» sobre las administraciones públicas que hicieron contratos con Nóos cuando estaba presidido por su marido, Iñaki Urdangarin.
Reitera que los indicios supuestamente incriminatorios recogidos en el auto impugnado «no merecen tal consideración jurídica». Apunta que si bien la documentación aportada, concretamente los correos electrónicos entregados por el exsocio de Urdangarin Diego Torres evidencian que el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, imputado en este caso, mantenía «una comunicación fluida» con el duque de Palma, «de los mismo no se infiere conocimiento de presuntas actividades delictivas en el desarrollo de los proyectos del Instituto Nóos». Añade que en el hipotético caso de que García Revenga tuviese dicho conocimiento, «no se ha acreditado con elemento o indicio probatorio alguno» que comunicase a la infanta Cristina de algún modo o por algún medio hechos que «impliquen un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva del marido».
Recalca que tampoco «merece mayores comentarios» el alcance penal que pueda tener el hecho de que García Revenga manifestase que no comunicó al rey su nombramiento como tesorero de Nóos, mientras que el hecho de que «un padre comente o no con su hija las recomendaciones que haya realizado o proyecte realizar al cónyuge de esta pertenecen al ámbito estrictamente privado y es penalmente irrelevante».
Menos de dos horas después de que el fiscal registrara su escrito, el juez Castro dictó una providencia señalando que no procede mantener la citación del día 27, ya que «su mantenimiento haría ineficaz y carente de contenido el recurso» de la Fiscalía, que deberá resolver la Audiencia Provincial de Palma.
Repensar la monarquía
Entre las numerosas reacciones que ha suscitado este asunto, el exfiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo tachó de «error manifiesto y desacierto completo» el recurso de Pedro Horrach contra la imputación.
En declaraciones a Efe, remarcó que dicha decisión provocará dilaciones en la instrucción, lo que, advirtió, no es bueno para el proceso ni para la Casa Real, ya que introduce incertidumbre en la resolución definitiva y desconcierto en la ciudadanía, porque se debe tratar a la infanta «como a una ciudadana más sometida a la ley».
Aseguró que la imputación de la infanta parte de «indicios muy fundados y bien fundamentados» y mostró su sorpresa por el recurso del Ministerio Público, ya que hasta ahora había detectado una «estrecha colaboración y coordinación» entre el juez Castro y la Fiscalía Anticorrupción.
Destacó que el «caso Nóos», con las imputaciones de Urdangarin y de la infanta, «ha afectado seriamente el prestigio, la credibilidad y la legitimidad» de la monarquía, por lo que consideró que ha llegado el momento de pensar «si la monarquía como institución debe encarnar la Jefatura del Estado».
En este sentido, Villarejo aseguró que la monarquía «ha agotado su autoridad como institución capaz de seguir ejerciendo como autoridad máxima del Estado y deberían plantearse seriamente otras alternativas».
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló a preguntas de los periodistas que «la Administración General del Estado no va a pagar los abogados de esa defensa, ni la va a defender el servicio jurídico del Estado». Aseguró no tener conocimiento de cómo pagará Cristina de Borbón su defensa, asumida por el expolítico y abogado catalán Miquel Roca Junyent, considerado uno de los padres de la Constitución española.
Tras una dilatada trayectoria política en Convergencia i Unió (CiU), en 1996 fundó el despacho Roca Junyent, que cuenta con unos 240 profesionales y con oficinas en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Lleida, Girona y Shanghai. Desde 2006, forma parte de la red internacional Terralex, lo que le permite disponer de la colaboración de despachos jurídicos de primer orden a nivel mundial y ofrecer a sus clientes un asesoramiento global.
Roca evitó ayer hacer valoraciones sobre el sumario. Se limitó a comentar que consta de 42.000 folios y que «toda prudencia es poca».
Estudian aforar al príncipe
En este contexto, Sáenz de Santamaría afirmó que el Ejecutivo está abierto a escuchar la opinión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien expresó su preocupación por la falta de «aforamiento» del príncipe Felipe de Borbón. En una entrevista a «La Razón», Torres-Dulce reconoció su inquietud por «la falta de aforamiento del Príncipe de Asturias, y lo digo con absoluta claridad. Sé que no es, probablemente, el momento de suscitar esa cuestión, pero un juez, un fiscal o un policía tiene un fuero especial y resulta absolutamente incomprensible que los príncipe de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado».
La Fiscalía de Portugal investigará el título universitario del exministro Miguel Relvas, cuya renuncia al cargo el jueves abrió la primera crisis de Gobierno en el Ejecutivo conservador luso. El ministro de Educación, Nuno Crato, declaró a la televisión lusa SIC, que el informe de los inspectores de su departamento revela que en la titulación de Relvas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Lusófona, una institución privada de Lisboa, hay «anomalías» y que el caso será enviado a la Fiscalía, paso previo para que un tribunal administrativo decida su posible anulación.
Además de su controvertida titulación universitaria, Relvas cosechó las críticas de la oposición de izquierda y los medios lusos por enfrentamientos con periodistas, que le acusaron de amenazas, y por su relación con un antiguo jefe del servicio secreto acusado de espiar para empresas.
En el Ejecutivo era considerado la mano derecha de Passos Coelho, que llegó al poder con su victoria en los comicios anticipados que celebró Portugal en junio de 2011, apenas un mes después del rescate. GARA
Amaiur remarcó que la imputación de la infanta «refleja el alto grado de corrupción que existe en el Estado español y la grave crisis institucional por la que atraviesa». Subrayó que «es hora de castigar sin miramientos a los cargos políticos o miembros de la Jefatura del Estado involucrados en casos de corrupción».
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, subrayó a preguntas de los medios que a él no le toca opinar sobre la imputación de la infanta Cristina de Borbón y que deja las consideraciones sobre este asunto en manos de «aquellos que confían en el Estado español».
El líder de UDC, Josep Antoni Duran, rechazó abordar ahora el debate del cambio de modelo de Estado y plantear la sustitución de la monarquía por la república. «A nosotros no nos interesa ahora el debate monarquía-república, nos interesa Cataluña. ¡Solo nos faltaría abrir este melón!», exclamó.
La sucesión de escándalos en torno a la clase política acentúa aún más la desconfianza de los ciudadanos respecto a sus élites, sobre todo en los países del sur de Europa sometidos a draconianos recortes.
En el Estado francés, el affaire de evasión fiscal del ya exministro de Presupuesto Jérôme Cahuzac «va a reforzar la visión cada vez más dominante del rechazo a las élites políticas, visible en toda Europa», advierte Eddy Fougier, investigador del instituto de relaciones internacionales y estratégicas IRIS.
«¿Cómo no se van a soliviantar los ciudadanos al constatar que el principal tesorero del Estado se escaqueaba friamente del rigor y los esfuerzos que él mismo reclamaba?», constata.
En los países más al sur, esta desconfianza alcanza proporciones gigantescas. En Italia, los casos de fraude con una constante. Los italianos reaccionaron otorgando el 25% de los votos al movimiento Cinco Estrellas. «Ningún partido político puede hacerse ilusiones. Aunque no todos actúen de la misma manera, existe un odio general hacia ellos», asegura Giacomo Marramao, profesor de filosofía política en la Universidad Roma III.
«En España, la corrupción y el robo coinciden con una época de crisis total y eso genera sentimientos muy hostiles», señala Emilio de Diego, profesor de historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. El PP afronta a la vez los interrelacionados escándalos de las cuentas secretas del extesorero Bárcenas y el «caso Gürtel». Los escándalos alcanzan ya a la Casa Real.
En Grecia, donde la evasión fiscal ha sido también practicada a gran escala -como lo ha confirmado una investigación internacional que vio la luz el jueves-, miles de manifestantes denuncian a los «ladrones» delante del Parlamento en cada manifestación. La llamada «lista Lagarde», que incluye los nombres de 2.000 griegos con cuentas en la filial suiza del banco HSBC, afecta de lleno a los tres últimos gobiernos, que siguen sin hacer nada sobre el particular.
El periodista que destapó el caso ha sido acusado de violación del «derecho a la intimidad». Y un ministro de Finanzas fue acusado de borrar el nombre de dos primos suyos. GARA
