El Consejo de Ministros acordó ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de la CAV y pide la suspensión de la norma hasta que se resuelva el asunto. Esta ley, una de las últimas en aprobarse la pasada legislatura, salió adelante con el apoyo del PSE y también del PP, mientras el PNV se abstuvo. Busca una mayor coordinación entre la Ertzaintza y las policías municipales y convierte la academia de Arkaute en el centro de formación de todas las policías y las emergencias de la CAV.

El Gobierno español, que tiene el dictamen favorable del Consejo de Estado, interpreta que la ley es inconstitucional porque establece la participación de la Administración General del Estado en un órgano autonómico, el Consejo de Seguridad Pública, «lo cual se considera contrario al principio de autoorganización del Estado».

Además, considera que el artículo 49.1 no se ajusta a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que los convenios para la prestación de servicios conjuntos de policía local se suscribirán con las condiciones determinadas por la normativa estatal.

Por otro lado, el Gobierno de Rajoy argumenta que los artículos 50 y 55 resultan controvertidos, ya que las comunidades autónomas carecen de potestad reglamentaria en materia de seguridad privada con carácter general.

El Ejecutivo español ya hizo ver sus objeciones durante la tramitación parlamentaria de la ley, lo que no impidió que el PP apoyara su aprobación.