El profesor de «Formación del Espíritu Nacional» del Instituto nos puso la tarea del día: aprender de memoria el «último parte de guerra» dictado por Franco, en Burgos, el 1 de abril de 1939. Decía así: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Yo tenía unos doce o trece años y desde entonces la frase ha permanecido grabada en mi memoria, ocupando inútilmente un espacio neuronal que muy bien me podría servir para otra cosa, pero no hay manera.

Luego, en los años posteriores, las paredes de las iglesias y cientos de monumentos levantados por toda la geografía estatal recordaron a los «¡Caídos por Dios y por España!». Por ellos se celebraron cientos de miles de misas, se elaboraron listas nominales en cada pueblo, se aprobaron ayudas para sus familiares... Nada hubo sin embargo para los muertos por la libertad, la República, el socialismo, Euskadi, la anarquía... Para ellos tan solo silencio, olvido, fosa común, anatemas y condenaciones eternas.

La política del PP en relación con el conflicto vasco parece levantarse sobre principios parecidos. Ayer, en plena vigencia de la lucha armada, nada se podía hablar ni negociar mientras no callaran las armas. Luego, cuando estas cesaron y se declaró una tregua, de nada servía tampoco, pues era preciso su cese definitivo. Hoy, cuando este se ha dado, tampoco sirve, pues es preciso entregar las armas, pedir perdón, reparar a las víctimas...

De nada sirve que ETA haya cesado para siempre en su actividad armada. De nada que premios Nobel de la paz, exjefes de Estado y expertos internacionales en procesos de pacificación reclamen pasos bidireccionales, diálogo y negociación. Según el PP, no ha existido un conflicto, sino únicamente puro terrorismo. Es por eso que tan solo cabe que su «Estado de Derecho» siga operando con normalidad. Es decir, la Policía debe seguir deteniendo y reprimiendo; los delegados del Gobierno, prohibiendo y multando; los jueces, juzgando y condenando y los ministros amenazando de ilegalización. «Los queremos cautivos y desarmados», parecen decir de nuevo.

Algo más de 2.000 militares y guardias civiles participaron de una forma u otra en el Golpe de Estado del 23-F. Sin embargo, de todos ellos solamente fueron exigidas responsabilidades a los oficiales de la Guardia Civil y a unos pocos mandos militares. Tan solo 33 fueron procesados y 11 de ellos fueron absueltos. Entre los condenados, salvo Tejero, ninguno cumplió pena superior a diez años y la mayor parte de ellos obtuvo en pocos años la libertad condicional y el indulto. En su mayoría se incorporaron después al Ejército y la Guardia Civil donde siguieron su carrera y algunos, incluso, fueron condecorados por méritos varios. Varios de ellos, tras retirarse, dirigieron o trabajaron en distintas empresas inmobiliarias, de seguridad, etc...

En los juicios del GAL (malversación de fondos, secuestros, torturas, asesinatos...) los condenados Barrionuevo, Vera, Galindo, San Cristóbal, Amedo, etc... no llegaron a cumplir siquiera ni la décima parte de los varios cientos de años de cárcel que les fueron impuestos. Pronto les fue tendida la alfombra roja de los indultos y las libertades condicionales y no tardaron en salir de las cárceles. Mientras estuvieron en ellas sus compañeros de fatigas se concentraron expresando su solidaridad y recabando su libertad sin que nadie los acusara de enaltecimiento a grupo terrorista alguno.

El Gobierno del PP pelea panza arriba contra la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que declaró la ilegalidad de la «doctrina Parot» que eleva substancialmente las penas de los presos políticos vascos. El ministro Fernández Díaz afirmó que, caso de no aplicar esta doctrina, podrían salir a la calle «etarras sanguinarios». Sin embargo Rodríguez Galindo -es un ejemplo tan solo-, condenado a 75 años de cárcel por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Lasa y Zabala, tan solo cumplió poco más de cuatro años de cárcel efectiva. Se ve que lo suyo no fue tan sanguinario.

Cientos de personas sin delito de sangre alguno han sido juzgadas en los últimos años -y condenadas buena parte de ellas-, no por cometer algún acto delictivo señalado en el Código Penal como terrorista (muertes, extorsiones, atentados...), sino por realizar actividades políticas, sociales, juveniles o culturales ubicados «en la esfera de la influencia política de ETA». Entre ellos están los impulsores del actual proceso de paz y normalización democrática, A. Otegi, R. Díez, M. Zabaleta, A. Rodríguez y S. Jacinto.

Pero incluso eso les parece poco. Nuevos macrojuicios asoman este año. El llamado de las «herriko-tabernas», en el que se piden doce años de cárcel a cuarenta dirigentes de la izquierda abertzale (Arnaldo Otegi de nuevo, Rufi Etxeberria, Joseba Permach...) y más de cien sociedades y txokos acusados de formar parte de la red de financiación de ETA. Luego vendrá un nuevo juicio contra cuarenta jóvenes de Segi, militantes políticos, sociales y culturales todos ellos para quienes se solicitan penas de seis años de cárcel.

En lo anterior me he referido solo a la situación que vivimos en Euskal Herria, pero junto al cerco policial y represivo que vive nuestro pueblo la persecución de la disidencia se extiende hoy por toda la geografía estatal. De la mano de la criminalización política y el recorte generalizado de libertades democráticas viene también la criminalización social. Aquí nadie está libre de pecado y el Maligno está en cualquier lugar: en las luchas mine- ras, en las ocupaciones jornaleras andaluzas, en la indignación del 15-M, en la rabia de los desahucios, en las mareas de cualquier color, en las respuestas a los ERE... La reaccionaria reforma global del PP solo puede implantarse a golpe de porra, sanción y procesamiento.

La reivindicación de una solución dialogada, negociada y justa para el conflicto vasco entronca así de forma directa con la lucha por las más plenas libertades democráticas en todo el Estado, y viceversa. Así lo veo yo, vamos.