El marido de Diana Martínez se encuentra en la prisión de Palogordo, en el departamento de Santander. Lleva doce años preso. En cada visita se ve sometida a minuciosos registros y cacheos que atentan contra su intimidad y la de su hijo, menor de edad. En el interior de la cárcel no disponen siquiera de agua. La lista de vulneraciones es larga. Ante el nivel de degradación al que son sometidos sus familiares, Diana y otras mujeres se unieron para formar el colectivo Cárceles al Desnudo. «Estamos hartas de ver a nuestros maridos, hijos, hermanos en semejantes condiciones inhumanas, mientras que el Gobierno nacional desoye todas nuestras denuncias», subraya Martínez en entrevista a GARA. Ese hartazgo llevó en mayo de 2012 a una decena de mujeres a desprenderse de su pudor y de su ropa y a transitar desnudas por las principales calles de Bogotá al grito de «Abajo los muros de las prisiones, hay que pelear por los derechos en las cárceles».

«La de Palogordo es una cárcel relativamente nueva. Mi esposo fue uno de los presos que la inauguró. Entonces todavía no había hacinamiento. A día de hoy, en cada patio hay 190 internos y solo cuatro letrinas, por lo que deben hacer sus necesidades en bolsas de plástico y tirarlas por una de las ventanas porque cuatro sanitarios no alcanzan para 190 personas. Si a ello le sumamos la restricción de agua que padecen, imagínese las condiciones en las que están. Eso para nosotros es degradante y el Gobierno no nos escucha», denuncia Martínez, una de las portavoces de Cárceles al Desnudo.

«Es más -añade-, muchas veces somos perseguidas por exigir como portavoces de los familiares y de Cárceles al Desnudo que respeten nuestros cuerpos en los registros y que no se hagan montajes». Lo explica: «Antes de entrar nos registran minuciosamente; la guardia toca nuestros genitales, nos hacen pasar por máquinas electrónicas y por perros olfateadores. A veces, porque necesitan dar un positivo en la guardia, aprovechan el registro para untar nuestro cuerpo con algún tipo de sustancia alucinógena, de modo que el perro señala positivo. Ahí empiezan los montajes judiciales y nos hacen perder la visita, pese a que la cárcel está situada a una hora del casco urbano y muchas familias, la mayoría humildes, vienen de regiones lejanas».

«A los niños los registran de igual manera que a los adultos. Les tocan hasta sus partes íntimas. Sufren un fuerte trauma, ya que para ver a su madre o padre tienen que pasar por todos esos vejámenes. Y dentro no tenemos ni agua para limpiarlos por si sudan o cualquier otra cosa. Es una situación realmente indignante para ellos, para nuestro familiar preso y para una misma», incide.

El 27 de febrero, los presos políticos y de guerra del patio 3 de Palogordo pusieron fin a más de tres semanas de protestas después de que la dirección de la prisión aceptara el traslado de los presos con enfermedades siquiátricas a un patio especial. Tuvo el efecto añadido de paliar el hacinamiento y mejorar paulatinamente las condiciones de vida. La tabla de reivindicaciones incluía «derecho a la salud, agua las 24 horas, derogación del límite de personas para hacer consignaciones, servicio eficiente de tienda, teléfono con coste por debajo del actual y pavimentación de la carretera que conduce a la cárcel».

Pero el pasado 19 de marzo, según denunciaron los propios presos vía telefónica al Equipo Jurídico Pueblos, los funcionarios arrojaron contra ellos gases lacrimógenos. Ocurrió «cuando los voceros [portavoces] del patio recordaron a la guardia de turno el cumplimiento de los acuerdos. Esto generó momentos de angustia para los más de 180 presos que están allí confinados, varios de ellos con enfermedades graves, como el preso político de las FARC-EP, Miguel de Jesús Velandia, con cáncer de páncreas terminal».

«Posteriormente el comandante del cuerpo de custodia decidió arbitrariamente imponer castigos indiscriminados encerrando a los internos en sus celdas durante 72 horas. En respuesta a los abusos de la guardia, los presos del colectivo unitario de Presos Políticos José Antonio Galán decidieron declararse en huelga de hambre mientras permanezcan encerrados en sus celdas», precisa este Equipo Jurídico Pueblos.

Esta protesta, junto a las conculcaciones que se registran en Palogordo, son un exponente de la «grave crisis humanitaria» que padecen las prisiones colombianas, denunciada hasta por la propia Corte Constitucional en una resolución de 1998.

A esta situación se suman las consecuencias de ser familiar de un preso político. «El hecho de tener a alguien en la cárcel estigmatiza a los familiares. Si tienen empleo, los despiden. Si lo están buscando, no son contratados porque primero averiguan dónde está tu familiar. El hecho de estar al frente de un hogar con sus hijas hace una situación bastante complicada. Las familias de la mayoría de los presos somos muy pobres, no tenemos recursos económicos. La sociedad nos da la espalda y el Estado nos persigue. Somos una población rechazada tanto por el Gobierno como por la sociedad civil colombiana», afirma Martínez.

El abogado Leonardo Jaimes comparte la misma opinión. «Los medios tradicionales y masivos tratan de justificar lo que sucede en las prisiones bajo la máxima de que `toda persona que conculcó la ley penal se lo merece'. Y el Gobierno y las políticas estatales se aprovechan de ese imaginario para ocultar la verdad sobre lo que ocurre en el interior de las cárceles, donde los presos se mueren. Aunque esa pared social, junto a la negligencia e indolencia de los organismos del Estado, dificulta nuestra labor, seguiremos visitando las cárceles y a los presos».

Goteras con orín y hambre

En una carta publicada el pasado 19 de febrero en el periódico colombiano «El Espectador», el congresista Iván Cepeda se hace eco de esta indiferencia, que valora como «comprensible hasta cierto punto. Una sociedad en la que cualquier atrocidad es admitida y trivializada, ¿por qué habría de sobrecogerse ante el horror en que viven quienes han sido inculpados o condenados por delitos y crímenes?», se pregunta.

«Como congresista he practicado más de 40 visitas a las cárceles -continúa-. Siempre me impactan los terribles testimonios e imágenes de esta realidad dantesca. En Bellavista, un interno se quejó de que los baños son degradantes, puesto que la gotera cae con el orín de los pisos superiores. Aseguró que habían solicitado autorización para ingresar herramientas y materiales buscando solucionar este problema para que `por lo menos quienes duermen en el baño puedan hacerlo bien'. En Picaleña, los reclusos se quejaron de que las raciones de comida eran tan reducidas que padecían hambre, a lo que las prisioneras agregaron que para ellas era peor porque les daban porciones más pequeñas aún aduciendo que `las mujeres comen menos que los hombres'».

Una denuncia que comparte Diana Martínez: «Esas personas que están detrás de esos muros son seres humanos, no deshechos». Y recuerda el lema de Cárceles al Desnudo: «Si el Gobierno no es capaz de garantizar una vida digna en prisión, que dé libertad a nuestros familiares». Ante esta situación, el Movimiento Nacional Carcelario ha convocado para los días 9, 10 y 11 jornadas de protesta en 53 prisiones y frente al INPEC.